El cálculo lo ha realizado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante su visita a Sotillo de la Adrada, donde ha comprobado la marcha de las obras de mejora de la carretera AV-915, cuya inversión asciende a cinco millones de euros durante los próximos dos años. Sanz Merino ha lamentado que exista "cierta obcecación" por parte del Ministerio de Transportes, al tiempo que ha rechazado la propuesta del departamento de Óscar Puente sobre el Mapa Estatal de Transportes, cuya negociación ha defendido en el seno de una Conferencia Sectorial que lleva tres años sin celebrarse.

Al respecto, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital cree que la propuesta del Gobierno "carece de financiación adecuada" y se limita a "solo dos años", con una financiación de 40 millones de euros para toda España, cuando solo los cálculos realizados para la Comunidad ascienden a 25 millones.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha transmitido por carta al Ministerio de Transportes su rechazo a la "decisión unilateral" del Gobierno de España, que exigía que las comunidades autónomas asumieran tráficos del nuevo Mapa Concesional Estatal de transporte en autobús. De ser asumida la gestión por parte del Ministerio, los criterios "no son adecuados" en una comunidad en la que el transporte "vertebra el territorio".

Inaceptable

"Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios", ha dicho el consejero de Movilidad y Transformación Digital, quien ha lamentado la "falta de diálogo" al no querer abordar este problema "al máximo nivel político con una Conferencia Sectorial de Transporte".

El consejero ha recordado que el borrador del Mapa Estatal de 2022 contemplaba la supresión de 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León (77% de las de la provincia de Ávila), algo que a su juicio "no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad".

Sanz Merino rechaza la propuesta del Gobierno, que plantea una financiación limitada con 40 millones de euros para que estas rutas pasen a ser gestionadas por las comunidades y sin vocación de continuidad. La otra opción de que el Ministerio asuma los tráficos, "no deja claro" que vaya a mantener estas paradas en el futuro al ser deficitarias, de ahí que haya expresado el mismo rechazo, ya que puede mantenerse una ruta con apenas paradas.

Para el consejero, se trata de dos modelos de gestión de un servicio público "totalmente opuestos", ya que frente a uno que "suprime paradas", se sitúa otro, el de la Junta, que "será gratuito" en las 2.610 rutas autonómicas para empadronados, como medida de fijación de población, ahorro a las familias, y acceso a otros servicios públicos.

"Da la impresión de que el Estado tiene más interés en quedarse con las rutas que son rentables, es decir, aquellas que no le obligan a sufragar el déficit de explotación, a diferencia de la comunidad de Castilla y León, que quiere mantener todos los servicios, aunque den servicio a pocos habitantes, pero hay que tener a todo el mundo viva donde viva", ha concluido Sanz Merino.