En lugar de apoyarse en sus propios servicios jurídicos, la institución provincial ha confiado su estrategia legal en una asesoría jurídica externa con sede en Cataluña para recurrir ante el Gobierno.

Se trata de la marca Fieldfisher, nombre comercial de Jausas Legal Y Tributario SLP, que es la empresa que figura como adjudicataria del contrato estipulado por la institución que preside Carlos García.

El acuerdo entre la Diputación y Jausas Legal Y Tributario SLP se formalizó el pasado 10 de junio tras un procedimiento negociado sin publicidad por importe de 29.645 euros.

La negociación sin publicidad se justificó, según consta en el anuncio de formalización del contrato, porque éste “solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas”.

Se da la circunstancia de que 13 días después de formalizarse el acuerdo, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, anunció que la citada asesoría jurídica consideraba a la Diputación “legitimada para interponer recursos contenciosos administrativos contra la aprobación de información pública publicada en el BOE”.

Además de asesorar sobre la viabilidad del recurso, Jausas Legal Y Tributario SLP también tiene el encargo por parte de la Diputación de interponer oficialmente el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y asumir la defensa letrada de la institución durante todo el proceso judicial, que se prolongará hasta que se dicte sentencia.