“Claro que hay daños” a la ganadería, ha manifestado, “pero no son tantos como se dicen”, y ha destacado que en el Parlamento Europeo distintos grupos de varios países, entre ellos UPyD, han presentado una propuesta para mejorar la determinación de los ataques de lobos, con “medidas científicas y metodología seria” como a través del ADN, que ahora no se hacen.

“Nuestros enemigos no son los ganaderos, nuestra guerra no es esa”, ha señalado el naturalista, quien ha asegurado que no pretende “echar leña al fuego” en ese asunto.

Prevaricación
Domínguez presentó -el lunes- ante la Fiscalía el acuerdo del pleno de la Diputación de hace un año en el que se instaba a otras administraciones a declarar Ávila como ‘territorio libre de lobos’.

En manga corta para exhibir la camiseta de su organización a pesar del grado bajo cero, Domínguez ha acusado a aquel acuerdo de prevaricación porque “contraviene la normativa europea” y “vulnera la ley a sabiendas”, a la que calificado a los diputados provinciales de PP y PSOE, que votaron a favor, de formar un “bipartidismo lobicida y antilobo”.

En la denuncia se indica que la declaración oficial de zona libre de lobos “se traduce en la exigencia de erradicación local de la especie canis lupus signatus en nuestro país, precisamente allí donde la especie está estrictamente protegida por la directiva comunitaria 92/43/CEE”, y por tanto la votación sería “una contravención de la legislación supranacional”.

Tras aludir a la protección europea del lobo y a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló determinados artículos del Plan de Gestión del Lobo, consideran que puede existir un delito de prevaricación administrativa y de sedición, “ya que en la votación concurre el conocimiento y la conciencia de la injusticia de la resolución adoptada, consciente y deliberadamente, del ordenamiento jurídico y de toda normativa que rige la conservación de medio ambiente, con carencia absoluta de cobertura legal que ampare la decisión tomada, pues los denunciados saben que deben desechar, impedir y desterrar cualquier actuación que pueda perjudicar a la especie”.

También consideran en la denuncia que la declaración “no va destinada a la protección de los intereses ciudadanos”, sino “simplemente a hacer más fácil la labor de gestión política de la especie para la Administración a la que la ley encarga su custodia y protección, alejándose los denunciados de las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues se trata de un acuerdo que promueve alteraciones tan profundas que conllevan la ausencia de valores ambientales”.

Cacería
Respecto a la denuncia presentada en otoño por esta organización por una presunta cacería ilegal donde se abatieron lobos, Domínguez ha dicho que “no ha habido novedades”, pero que “continúan las investigaciones”. “Forma parte de una estrategia para acabar con el lobo en Ávila y en Castilla y León”, ha asegurado.