La reunión de constitución, presidida por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se ha contado con presencia de los portavoces de los cuatro grupos políticos municipales, así como con técnicos municipales. Su creación obedece a una propuesta del PSOE, grupo que espera que de este órgano se extraigan conclusiones sobre las causas de las inundaciones.

En ella, se ha acordado recabar, mediante solicitud de los informes oportunos, datos e información a todas las administraciones y organismos públicos que se vieron implicados o que tienen competencias en los episodios de desbordamiento de los ríos Adaja, y sus afluentes Chico y Gemiguel; y Voltoya: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Subdelegación del Gobierno, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y servicios propios del Ayuntamiento de Ávila.

Tras las inundaciones, el Consistorio de la capital valoró en 1,5 millones de euros los daños en la ciudad y los barrios anexionados provocados por las borrascas, que tuvieron efecto en parques y jardines, así como en inmuebles, instalaciones deportivas, calles, mobiliario urbano, comercios, instalaciones de suministros y terrenos colindantes.

En el pleno de marzo de 2025, se aprobó una declaración institucional para solicitar al Gobierno de España la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil tras las inundaciones.

En la misma, se hacía referencia a la situación “excepcional” causada por las consecuencias que dejaron durante el mes de marzo una cadena de borrascas que acarrearon fenómenos meteorológicos adversos como fuertes vientos y precipitaciones, así como deshielo y crecidas  de los ríos, que provocaron, entre otras consecuencias, inundaciones en la zona sur de la ciudad.