El registro, que sería de carácter voluntario y confidencial, busca contar con las personas que requieren dispositivos eléctricos para su supervivencia o bienestar, a fin de establecer mecanismos de protección ante eventuales cortes de suministro eléctrico.

La propuesta surge tras el apagón del 28 de abril, que dejó en situación crítica a personas dependientes de respiradores, equipos de diálisis domiciliaria o sillas de ruedas eléctricas. "Lo sucedido en abril puso en evidencia una preocupante carencia de protocolos de actuación y de registros actualizados que permitan localizar y asistir rápidamente a las personas más vulnerables", según la propuesta.

El registro estaría coordinado desde los Servicios Sociales de la Diputación, con garantías de confidencialidad y protección de datos, y el objetivo de que “ninguna persona en la provincia de Ávila que dependa de un dispositivo eléctrico para vivir quede desamparada ante un corte de luz".

Además del registro, la moción propone la elaboración de un protocolo provincial de actuación, que incluiría la colaboración con ayuntamientos, servicios sociales, Protección Civil y autoridades sanitarias. Este protocolo contemplaría la localización inmediata de las personas inscritas, su posible traslado urgente, la provisión de equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida, y un orden de prioridad basado en el nivel de dependencia y la urgencia vital.

La propuesta también recoge el estudio de ayudas económicas y bonificaciones para la adquisición, mantenimiento o renovación de dispositivos eléctricos esenciales, así como de equipos auxiliares que aseguren su autonomía energética.

Esta iniciativa complementa la moción de Vox aprobada en el pleno de mayo, que establecía una red analógica de comunicaciones para asegurar la operatividad de los servicios esenciales durante un apagón o catástrofe.