Tras el juicio celebrado en enero en la Audiencia Provincial de Ávila, fue dictada sentencia de cinco años de cárcel, y ante el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena, que considera probado que la acusada accedió sin autorización a las cuentas de los ancianos para realizar más de un centenar de extracciones.

La condena se la impone por un delito continuado de estafa agravada. La mujer se apropió de 76.600 euros mediante múltiples extracciones de efectivo no autorizadas de las cuentas bancarias del matrimonio de avanzada edad al que cuidaba en Ávila, entre agosto de 2021 y octubre de 2022. La empleada también deberá abonar una multa de 3.000 euros y devolver íntegramente el dinero sustraído a los perjudicados.

Los hechos probados, según se conoció en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial a mediados de enero,  recogen que la mujer fue contratada en enero de 2021 por el matrimonio, de 75 y 74 años, para realizar tareas de asistencia domiciliaria y acompañamiento. El hombre padecía una grave dependencia física por cáncer, polineuropatía y enfisema pulmonar, y precisaba cuidados constantes.

El matrimonio depositó su confianza en la condenada: le entregaron las llaves del domicilio, del vehículo familiar y, con el tiempo, le hicieron regalos como abrigos de visón, un bolso o dinero en efectivo. Aprovechando ese vínculo, y sin contar con autorización, ella se hizo con las libretas bancarias físicas y logró conocer el número PIN de las tarjetas, que utilizó en al menos 117 ocasiones para extraer cantidades entre 400 y 800 euros en cajeros de la ciudad.

Más de un año

La situación se prolongó durante más de un año hasta que, el 29 de octubre de 2022, una hija del matrimonio detectó los movimientos sospechosos en las cuentas y presentó denuncia ante la Policía Nacional. Ese mismo día, la acusada fue requerida para devolver las llaves, lo que hizo sin oponer resistencia.

En su recurso, la defensa alegó que las extracciones no podían atribuirse con certeza a la acusada y que existían otras personas con acceso al domicilio, además de invocar como atenuante una supuesta ludopatía, al haber acudido en 117 ocasiones al salón de juegos Casino de Ávila.

La sentencia concluye que las pruebas practicadas, entre ellas las testificales de los familiares, la documentación bancaria y las grabaciones de seguridad, resultan “convincentes y coherentes” y “suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia”. Subraya, además, que “la acusada fue grabada por las cámaras de vigilancia realizando extracciones los días 15 y 27 de octubre de 2022”.

Sin ludopatía

Sobre la alegación de ludopatía, el tribunal recuerda que “no se ha aportado informe médico, psicológico o psiquiátrico alguno” que acredite tal trastorno, ni existe conexión probada entre la supuesta adicción y los hechos enjuiciados. “El simple hecho de acudir al bingo de forma frecuente no acredita por sí solo la existencia de una patología que afecte a la voluntad de la acusada”, señala la sentencia.

El fallo del Tribunal Superior confirma la pena impuesta por la Audiencia: cinco años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros (3.000 euros en total), y la devolución de los 76.600 euros defraudados, con intereses legales.

Los magistrados destacan que la conducta de la acusada supuso “un claro abuso de la relación personal” con los ancianos, especialmente grave por la situación de vulnerabilidad del matrimonio. “El delito de estafa se cometió mediante un engaño continuado y sistemático, que se tradujo en un perjuicio económico cuantioso y reiterado en el tiempo”, concluye el tribunal.