La mujer -que se ha declarado inocente- comenzó a trabajar en enero de 2021 para la pareja mayor que la ha denunciado, pues tal como se ha podido conocer en la vista oral celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial, se encontraban delicados de salud, pero no fue hasta agosto cuando se comenzaron a realizar disposiciones de una de las cuentas bancarias del matrimonio. 

“Le cuesta ocho meses hacerse con cuatro dígitos”, ha manifestado la letrada que ha defendido a la pareja de ancianos que ha denunciado a la mujer durante el escrito de conclusiones, en referencia al número PIN de la tarjeta bancaria. 

Unos hechos que perduraron hasta octubre de 2022 y que, según las pruebas aportadas por la acusación particular, llevaron a la mujer a realizar hasta 152 disposiciones en diferentes cajeros automáticos de la capital abulense. Precisamente, si la mujer acusada tenía o no autorización del matrimonio para retirar el efectivo ha centrado las testificales durante la vista oral, pues hay fotogramas de la acusada sola retirando dinero en estos cajeros y que ella misma ha reconocido en al menos una de las grabaciones. 

Casi 2.000 euros en un día 

La acusada ha defendido que sí tenía autorización del matrimonio para retirar el dinero, mientras tanto la mujer mayor como sus hijas han negado las autorizaciones, así como que en ningún momento la diesen permiso para extraer dinero de la tarjeta, ni la cartilla, ni mucho menos el PIN de la misma para extraer el dinero. Y es que hay días en los que se registran hasta tres o cuatro extractos consecutivos de 600 euros cada uno, con una diferencia de tres o cuatro minutos, es decir, hasta 1.800 euros en apenas 12 minutos. 

“Son 152 disposiciones que si no se dan cuenta, los deja a cero euros”, ha manifestado la letrada de la acusación particular, quien ha defendido que la mujer tenía especial interés en trabajar para el matrimonio tras una baja médica de un mes porque este empleo suponía para ella “su doble fuente de ingresos”. 

Para la letrada que ha defendido al matrimonio afectado “pocas veces conocemos en un delito de estafa, qué se ha hecho con el beneficio patrimonial que se ha sustraído”, y es que la acusación ha aportado como prueba al inicio de la vista, un calendario en el cuadrarían -“aunque no al dedillo”-las fechas de estas 152 disposiciones con otras 117 entradas al casino. Unas disposiciones que habría realizado la acusada y no el matrimonio que cuidaba la mujer al descartar las ubicaciones de los cajeros, así como los horarios en los que se realizaron y las cuantías que se extrajeron, según ha estimado una de las hijas del matrimonio. 

“En una fecha hace una disposición, esa misma tarde va al casino a jugarse esas series que no son de 12 euros, porque no sabemos si se ha jugado una serie o siete. Porque en la rectificación documental del responsable del casino, dice que era [la acusada] una clienta habitual, que casi acudía diariamente, apostando al bingo, así como a otras máquinas de juego online, no solo cartones”, ha defendido la acusación particular. 

Una afirmación en la línea de lo argumentado por la mujer que ha reconocido acudir al casino a diario con sus amigas a las 16 horas, pues es a la hora que se juega el bingo especial para, posteriormente, irse juntas a caminar. También tres trabajadores del casino han confirmado la asiduidad de la acusada a este espacio de juego, aspirando series completas de seis cartones, con un precio de dos euros el cartón, llegando a pasar la tarde completa allí. Por lo que han considerado posible que gastase entre 200 y 300 euros en un día. 

Por todo ello, la fiscalía también ha considerado acreditada la afición de la acusada al bingo, llevándola a tener un gasto por encima de su capacidad económica que, unido a la cantidad defraudada que ascendería a más de 86.000 euros, considera probada la comisión del delito de apropiación indebida, solicitando una pena de cinco años de cárcel. 

Visto para sentencia 

La acusación particular, que también pide cinco años de cárcel por el mismo delito, solicita también la prohibición de aproximarse al matrimonio durante cinco años una vez salga de prisión. 

Por su parte, la defensa pide la libre absolución por negar que su clienta haya realizado todas las disposiciones sin autorización del matrimonio, aunque ha solicitado al tribunal que considere la posibilidad de aplicar la atenuante de ludopatía en caso de considerarla culpable. El juicio ha quedado visto para sentencia después de cuatro horas.