Esta situación se produce tras conocerse las investigaciones en torno al presunto trato de favor que dos trabajadores de la prisión estarían prestando a Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel, a cambio de "favores sexuales".

A raíz de estas informaciones, el sindicato mayoritario entre el personal penitenciario, manifiesta su "profundo malestar y rechazo ante el tratamiento sesgado, sensacionalista y carente de rigor con el que se está abordando la labor profesional" que este colectivo "desarrolla en las prisiones españolas".

"Desde este sindicato hemos defendido siempre el respeto a las investigaciones judiciales en curso, así como a la presunción de inocencia, principio básico de cualquier estado de derecho", señala, antes de lamentar que, sin embargo, asistan "con preocupación a la difusión de declaraciones de ex personas internas que, sin respaldo probatorio, realizan afirmaciones categóricas o insinuaciones sobre supuestos tratos de favor, irregularidades o actuaciones ilícitas por parte del personal penitenciario".

Acusación sin pruebas

Según señala, se trata de testimonios que, "lejos de esclarecer hechos, generan un relato perjudicial y difamatorio, basado en suposiciones o fórmulas tan poco rigurosas como 'he oído...', 'se comentaba...', 'creo que...'". Desde su punto de vista, "no se puede construir una acusación sin pruebas, ni alimentar una sombra de duda sobre un colectivo por declaraciones sin contrastar, muchas veces motivadas por intereses personales, estrategias de defensa o simple búsqueda de notoriedad".

Asimismo, ACAIP-UGT lamenta que a todo ello se sume la intervención de diversos “expertos” que acuden a los medios de comunicación "sin un conocimiento riguroso de la legislación penitenciaria española vigente", y que expresan su "escándalo ante la existencia del trabajo penitenciario remunerado o de las recompensas concedidas a las internas por su buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad, tal como establece el artículo 263 del Reglamento Penitenciario".

A su juicio, se trata de opiniones y declaraciones "interesadas" que, "lejos de esclarecer la verdad, generan un relato, estereotipado y desfasado, que contribuyen a sembrar la sospecha, el descrédito y la criminalización injusta del colectivo de trabajadores de Ávila". Un colectivo que desarrolla su "en condiciones muchas veces extremas, con un alto nivel de profesionalidad, compromiso y responsabilidad".

Falta de respuesta institucional

"Toda esta campaña de desprestigio", añade el sindicato, "se ve agravado por la absoluta falta de respuesta institucional, que lejos de garantizar nuestra seguridad laboral e integridad moral, con su silencio y la ausencia de un reconocimiento firme a nuestra labor, es cómplice de la misma".

De hecho, señala que la labor profesional de este colectivo, "silenciosa pero imprescindible", se basa en "el cumplimiento estricto de la legalidad, la ética profesional y los principios del estado de derecho". Así, señala que su actividad diaria "está sujeta a estrictos protocolos y supervisión".

En este contexto, rechazan "de forma contundente cualquier conducta irregular o contraria a la legalidad, venga de quien venga", si bien señalan que "lo que no se puede permitir es que, en ausencia de pruebas, el trabajo de las empleadas y empleados públicos de Ávila quede manchado por generalizaciones injustas derivadas de testimonios sin fundamento".

"Exigimos a los medios de comunicación responsabilidad, rigor informativo y respeto. El sensacionalismo no puede prevalecer sobre la verdad, ni el espectáculo sobre la ética periodística. El daño que se está generando es profundo y afecta no solo a los trabajadores, tanto en nuestros cometidos y responsabilidades profesionales como en nuestro ámbito personal y familiar, sino también al prestigio de la institución", argumentan.

Desde ACAIP-UGT aseguran seguir "defendiendo con firmeza la limpieza, integridad y profesionalidad" de  sus compañeros y compañeras. "No vamos a permitir que se utilice al colectivo como chivo expiatorio de campañas mediáticas o intereses espurios", añaden, antes de concluir pidiendo a la ciudadanía que "no se deje arrastrar por juicios paralelos ni generalizaciones injustas".