Así lo ha dado a conocer el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, sin facilitar el nombre de Quezada, después de que el diario El País haya informado de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila investiga la posible comisión de este delito, tras tener acceso a las diligencias previas.

Según Galeano, se trata de un funcionario de esta prisión de mujeres y una persona que lo hacía como personal laboral, ninguno de los cuales trabajan ya en la prisión.

La declaración ante el juez Ana Julia Quezada hace unos días se produjo tras la investigación iniciada hace casi un año, una vez que la madre del 'Pescaíto', Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono en la prisión, con el que presuntamente realizaba entrevistas para un documental en torno al asesinato de su hijo en 2018 en Níjar (Almería).

Esa denuncia pública de la madre derivó en que dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva estén siendo investigados por la Guardia Civil por "la presunta comisión de un delito de cohecho", consistente en "proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma", según Galeano.

Una vez finalizada la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y los testigos, el instituto armado entregó las diligencias al juzgado, que "ahora es quien debe marcar las actuaciones a realizar".

Según el subdelegado del Gobierno, actualmente, tanto el funcionario como el trabajador laboral, figuran como investigados como supuestos responsables de un delito de cohecho y "no trabajan en el centro penitenciario".

¿Más implicados?

Tras la versión del subdelegado del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hja informado de que Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila investiga por un delito de cohecho a un funcionario de la prisión por "haber facilitado a una reclusa un teléfono móvil a cambio de favores sexuales".

Asimismo, señala que las diligencias judiciales se incoaron a raíz de una denuncia de la Guardia Civil y que el Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados.