Además, la defensa del condenado ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. Una decisión ante lo que no se ha opuesto la fiscalía, siempre y cuando no delinca durante un plazo de tres años, y que será evaluada por el tribunal. 

La condena, fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, incluye el pago de una multa de 1.695,82 euros y la condena de un año y diez meses.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y una multa de 5.217,90  euros. Sin embargo, el reconocimiento de los hechos y las circunstancias del caso han permitido aplicar una pena inferior.

El fiscal jefe de la provincia, Javier Rojo, ha explicado que la rebaja de la pena se ha debido a la atenuante específica, aplicable cuando los hechos son de “menor entidad” y el autor presenta circunstancias personales favorables. En este caso, la cantidad de droga intervenida era baja, de escasa pureza, y el acusado carecía de antecedentes penales. 

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil de Sotillo de la Adrada interceptaron al acusado durante un operativo de vigilancia desarrollado tras recibir un aviso anónimo sobre un posible punto de venta de cocaína. Los agentes encontraron en su chaqueta una bolsa con dos partidas de cocaína: una de 14,74 gramos con una riqueza del 55,86% y otra de 14,72 gramos con una riqueza del 41,45%. Lo que situaría el valor total de la droga intervenida por encima de los 1.700 euros. 

Respecto a la expulsión del país, el fiscal ha indicado que ha sido descartada tras acreditarse el arraigo del acusado en España: “Su madre es española, vive en España con una mujer que está embarazada y tiene otra hija con nacionalidad española. Expulsarlo habría sido una medida desproporcionada”, ha concluido.