El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, una multa superior a los 5.200 euros y su expulsión del país durante ocho años.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil de Sotillo de la Adrada interceptaron al acusado durante un operativo de vigilancia desarrollado tras recibir un aviso anónimo sobre un posible punto de venta de cocaína. Fue identificado en las inmediaciones de un establecimiento de la localidad y, tras realizarle un cacheo superficial, los agentes encontraron en el interior de su chaqueta una bolsa con dos partidas de cocaína: una de 14,74 gramos con una riqueza del 55,86% y otra de 14,72 gramos con una riqueza del 41,45%.

El Ministerio Público sostiene que “dicha sustancia iba a ser destinada por el acusado a la venta o donación a terceras personas”. Se estima que, en el momento de los hechos, el precio de mercado de la cocaína rondaba los 59,04 euros por gramo, lo que situaría el valor total de la droga intervenida por encima de los 1.700 euros. 

Acusación de delito grave
Para la fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño, por lo que reclama una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 5.217,90 euros. En caso de impago, el acusado afrontaría una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 100 euros no abonados. Además, se solicita su expulsión del territorio español en aplicación del artículo 89 del Código Penal, con prohibición de regresar en un plazo de ocho años a partir de la fecha de expulsión.

Por su parte, la defensa ha mostrado su total disconformidad. Según el escrito remitido por la representación legal del acusado, “no ha cometido los hechos que se le imputan y, por tanto, no existe delito alguno”. Además, rechaza la medida de expulsión solicitada al considerar que no es procedente, ya que su cliente “goza de residencia legal en España y tiene establecida su unidad familiar en el país”, donde reside con su madre, su hija y su pareja.

La vista oral se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila.