La denuncia interpuesta, encabezada por el exdecano del Colegio de Abogados al frente, Pablo Casillas, y el letrado Juan Ángel Martínez, se centran en la supuesta falta de necesidad de aplicar esta normativa estatal y europea en una ciudad que no presenta los problemas medioambientales que la justificarían.

“Parece que vienen a ser como una Santa Inquisición actual y el señor Budiño, casi como Torquemada, y, que de alguna manera con esas manifestaciones que se ríen de los vecinos que sostenemos este procedimiento y que nos sometieran a un auto de fe en el Mercado Grande con sayo y capirote”, ha acusado Casillas para criticar la situación. 

Razones de la denuncia

Casillas ha expuesto que la ZBE carece de fundamento en el contexto específico de Ávila, puesto que la calidad del aire en la ciudad es buena y que no existen problemas significativos de tráfico ni de contaminación acústica en el casco histórico, por lo que considera que se podría haber evitado su implementación. 

“Lo que estamos analizando es la posible no conveniencia de la implantación de la ZBE y haberla luchado. No cabe la menor duda, porque está acreditado y reconocido por un estudio llevado a cabo por una empresa, Buchanan a instancia y pago del Ayuntamiento, que está [la ZBE] en la zona menos afectada. Sin ningún género de dudas, la calidad del aire es muy buena y, por lo tanto, ni siquiera hay incidencias de tráfico o de problemas acústicos que sí puede entenderse que hay en otras zonas”, ha asegurado Casillas. 

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño Budiño, ha recalcado que la medida se ajusta a la Ley 7/21, que obliga a las ciudades con más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas, destacando que la zona se ha aplicado “en base a una normativa que hay que cumplir”. Por ello, pregunta a los letrados que han interpuesto el recurso cuál hubiese sido la alternativa para no cumplir la normativa: “¿Y no cumplir la ley? Pregunto. ¿Vamos a Bruselas y nos liamos a pedradas en la sede de la Unión Europea? ¿Qué quieren? Vamos a ser un poco consecuentes”.

Y es que, ante la petición de los ciudadanos de llevar la ZBE a otra zona de la ciudad con mayor incidencia en el tráfico o problemas acústicos, como a las zonas industriales, el portavoz del equipo de Gobierno ha sido contundente: “Hay más tránsito de vehículos pesados en un polígono industrial. ¿Llevamos la Zona de Bajas Emisiones a un polígono industrial en una zona en la que carecemos de industria? ¿Es lo que quieren estos señores?”. 

Además, los demandantes sostienen que la ordenanza no contempla medidas para los residentes y negocios afectados, además de criticar el acceso a un mayor número de vehículos tras la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie exterior. Una cuestión que rechaza el portavoz del equipo de Gobierno: “¿Son perjudicados unos ciudadanos que pueden circular por donde viven a todas horas, con cualquier tipo de vehículo y que pueden estacionar a cualquier hora en cualquier franja horaria del día en esa zona?”. 

El futuro: ni vehículos B ni C

Además, los letrados que han interpuesto la denuncia, se plantean que ocurrirá en un futuro inmediato si la normativa estatal endurece las restricciones a la ZBE, limitando el acceso a los vehículos catalogados con distintivo B y C, permitiendo solo el acceso a los vehículos ecológicos. A pesar de las excepciones contempladas por la ordenanza actual en la capital abulense. 

“La normativa estatal me va a exigir que mañana yo no pueda entrar con ese tipo de vehículos. Y ya en muchas ciudades se está impidiendo el acceso de vehículos de clase B”, ha asegurado Casillas, añadiendo que a los más de 15.000 vehículos registrados en Ávila catalogados como contaminantes habría que incluir también los clasificados como clase B o C, porque “mañana mismo o pasado, por parte del Gobierno, no se va a permitir que ningún ayuntamiento, si persiste lógicamente la normativa, cometa fraude de ley, es decir les engañe, que es lo que se pretende”, ha asegurado el abogado sobre todas las excepciones que contempla la ordenanza de la capital que ha calificado de “laxa”. 

“Es decir, estoy tratando de engañar, hago una zona de bajas emisiones laxa, pues evidentemente me va a exigir que los vehículos B no entren, pero tampoco los C. Por tanto, no me prevén que yo como vecino y demás vecinos vayan a tener que acceder con ese tipo de vehículos”, ha sentenciado. 

Expectativas judiciales

El recurso presentado está pendiente de votación y fallo el próximo 29 de mayo. De esta manera, el fallo llegaría poco antes que se comiencen a aplicar sanciones económicas (1 de julio) por incumplir la normativa de la Zona de Bajas Emisiones. Las multas que pueden alcanzar los 200 euros. 

Desde el equipo de Gobierno esperan que se falle a favor del Ayuntamiento y el caso no llegue al Tribunal Supremo: “Esperemos que termine aquí, porque ese es nuestra nuestro objetivo y defender el proyecto de ciudad”, manifestado Budiño.

Por su parte, el abogado denunciante recomienda a los afectados recurrir cualquier sanción que reciban a partir del 1 de julio, si la situación se encuentra recurrida en los tribunales: "si el asunto está en los tribunales, que lo recurran, porque si no agotan la vía de los recursos ordinarios, pudiera suceder que el día de mañana, aunque la sentencia esté en una segunda instancia, el fallo fuera favorable, y no tendrían fácil  el poder recuperar esa sanción”.