Los demandantes, con el exdecano del Colegio de Abogados al frente, Pablo Casillas, y el letrado Juan Ángel Martínez, alegan que la creación de la ZBE se ha llevado a cabo “sin los estudios y análisis previos obligatorios”, y que la delimitación de la zona se ha realizado “sin tener en cuenta la incidencia real de la contaminación en la ciudad”.

En su demanda, formalizada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que ha sido admitida a trámite, los promotores reprochan al Ayuntamiento no haber elaborado informes que demuestren la necesidad de restringir el tráfico en la zona delimitada.

También critican a los responsables municipales por no haber fijado medidas para mitigar el impacto negativo que, a su juicio, la ZBE tendrá en los vecinos, comerciantes y trabajadores del casco histórico.

A la vez, denuncian la falta de transparencia en el proceso de creación de la ZBE, puesto que, según señalan, el Ayuntamiento no ha informado a los ciudadanos sobre las restricciones de tráfico ni ha tenido en cuenta las alegaciones que se presentaron en su momento.

Asimismo, añaden, la delimitación de la zona se ha realizado con criterios "políticos" y no técnicos, lo que argumentan recordando que “el peso específico de los residentes empadronados (4.248 personas) en el total de la ciudad únicamente representa en torno al siete por ciento, circunstancia esta que, sin duda, ha sido el elemento político que se ha tenido en cuenta a la hora de fijar la ZBE”.

Puntilla

Desde su punto de vista, la creación de una Zona de Bajas Emisiones va a ser la "puntilla" para los vecinos residentes y también para los negocios y profesionales que ejercen sus actividades “porque está empíricamente demostrado que cualquier tipo de limitación o impedimento ahuyenta a las personas y a las empresas”.

En relación con el objetivo de la ZBE para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, los demandantes indican que, conforme a las mediciones de la estación situada en la calle Canteros, “con carácter general se puede decir que la calidad de toda la ciudad de Ávila es buena o muy buena” 

No obstante, significan, “no existen en la ordenanza de ZBE y en el proyecto de zona de bajas emisiones de la ciudad pruebas específicas referidas a la zona que se pretende sea de bajas emisiones”.

Los vecinos, que acompañan su demanda con informes técnicos, alegaciones de los vecinos y pruebas periciales, solicitan al tribunal que declare nula la ordenanza que regula la ZBE y el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones de Ávila. 

La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor el 1 de enero de 2025, pero el pleno municipal ha aprobado una moratoria de medio año, por lo que no habrá sanciones hasta el 1 de julio de 2025.