Aprobada la ‘Declaración de Salamanca’, un protocolo pionero contra el vandalismo patrimonial

Con vocación internacional, este protocolo contempla un catálogo de medidas que incluye sanciones por faltas y delitos contra el patrimonio cultural, además de la cuantificación de los coeficientes específicos que se pueden aplicar en el marco de una nueva regulación que califica el coste de la restauración del daño, ha resumido la presidenta del grupo y alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín.

En la reunión mantenida en París con el director del Centro de Patrimonio Mundial de Unesco, Lazare Eloundou Assomo, junto con el embajador de España en Unesco, Miquel Iceta, la delegación de alcaldes y alcaldesas del grupo, entre quienes ha figurado el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, han acordado establecer líneas directas de colaboración en sostenibilidad y protección de los cascos históricos, un marco en el que se han expuesto los resultados de las jornadas celebradas hace unas semanas en Salamanca contra el vandalismo cultural como un referente de buenas prácticas en materia de conservación del patrimonio.

Este nuevo protocolo contra actos vandálicos en el patrimonio cultural se expondrá en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Mundial que celebrará Unesco en París, a la que ha sido invitado el grupo.

Competencias

En este sentido, la ‘Declaración de Salamanca’ se constituye en una nueva herramienta para distintos ámbitos competenciales, de modo que, desde el punto de vista institucional, se busca fomentar el intercambio de experiencias y estrategias entre distintos organismos e instituciones, como el Ministerio de Cultura, la Asociación Nacional de Conjuntos Históricos, la Federación de Municipios y Provincias o el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Municipios y Sitios (ICOMOS), entre otros.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Patrimonio y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha resaltado la necesidad de trabajar de forma conjunta entre la sociedad civil, las administraciones municipales, autonómicas y de ámbito nacional, junto con las fuerzas de seguridad -incluyendo policías municipales, Policía Nacional y Guardia Civil)-, fiscalías, servicios jurídicos municipales y el conjunto de la judicatura, para aplicar criterios unificados frente a los atentados contra el patrimonio”. 

Así, para la valoración de los atentados contra el patrimonio cultural, se establecen, entre otros criterios ponderables, el valor histórico o estético del bien, el valor de uso, el valor de antigüedad, el valor de identidad y/o popular, el valor tipológico y/o de singularidad, el valor urbanístico y ambiental, y el valor de la autenticidad.

De la misma forma, el protocolo busca ser un marco de referencia a la hora de establecer sistemas de valoración desde el punto de vista técnico, normativo y jurídico, así como desde el ámbito social y educativo, sin olvidar el marco laboral, aspectos que deberán conjugarse con medidas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía, entre las que se incluyen la divulgación en centros escolares o el fomento del arte urbano autorizado como manifestación de la expresión cultural del mundo contemporáneo.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España también pretende que este protocolo sirva para la creación de fondos de documentación específica de las intervenciones realizadas en limpieza, la elaboración de mapas de agresiones para la determinación de áreas de vandalismo preferente y la incorporación de la documentación sobre los diferentes sistemas químicos y físicos utilizados en la limpieza y restitución de los bienes históricos dañados.