Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, durante la presentación de la campaña informativa de la ZBE que comenzará a aplicar las sanciones económicas a partir del próximo 1 de julio. 

“Nos preocupa que, por otros posibles intereses, se venga a perjudicar a la generalidad de la ciudad. Porque pongamos el caso de que hay una sentencia que contradice el trabajo desarrollado durante meses de manera conjunta por el consistorio abulense y que a lo mejor nos viene a decir que tiene que ser todavía más restrictiva [la ZBE] para la ciudad de Ávila”, ha asegurado Budiño sobre la demanda interpuesta por el exdecano del Colegio de Abogados al frente, Pablo Casillas, y el letrado Juan Ángel Martínez, quienes alegan que la creación de la ZBE se ha llevado a cabo “sin los estudios y análisis previos obligatorios”, y que la delimitación de la zona se ha realizado “sin tener en cuenta la incidencia real de la contaminación en la ciudad”.

Aunque por el momento se desconocen las consecuencias que tendrá la denuncia formalizada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el portavoz del Ayuntamiento ha llamado a los denunciantes a que explique cuáles han sido los motivos de la demanda en caso de que la sentencia obligue al Consistorio a rehacer una normativa más estricta:  “Sin ningún tipo de ambiguidad ni de complejos, citaría a los vecinos que nos han llevado a esa situación y que expliquen a sus convocados cuál han sido el fin y el objeto de esa demanda”. 

Aun así, el consistorio afirma tener la conciencia tranquila y defiende que esta medida ha sido diseñada pensando en el interés general de la ciudad, puesto que la ubicación elegida para esta ZBE —el centro patrimonial de la ciudad— es la más adecuada: fácil de controlar electrónicamente, acorde con la normativa ambiental. 

Defensa de la ZBE

“Defenderemos esta zona de bajas emisiones como lo estamos haciendo, como lo estamos exponiendo, con carácter público. Porque entendemos que es el que se merece la ciudad de Ávila. En cuanto a la ubicación, también está justificado, es decir: zona patrimonial, fácilmente controlable por medios electrónicos y además con la salvedad de que con carácter puntual, se desarrollan efemérides, eventos  multitudinarios y de ahí esa identificación”, ha asegurado Budiño, defendiendo así que la normativa no afectará al tejido productivo, como sí podría haber ocurrido, si se hubiera trasladado a zonas industriales. 

“No tiene ningún sentido, como se hecho en alguna reunión o una exposición pública,  haber llevado esta zona de bajas emisiones, por ejemplo, a una zona industrial, porque además estaríamos penalizado el trabajo que se desarrolla en un tejido más relevante para la ciudad de Ávila”, ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno.