Tras la resolución publicada el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), técnicos jurídicos de la Junta consideran que el Gobierno “utiliza como coartada” el artículo 15 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras, que obliga a que los estudios informativos contengan un análisis coste-beneficio para rechazar la realización de esta conexión. 

“Es un contrasentido que utilicen este artículo 15 para argumentar la no ejecución de ninguna de las dos alternativas incluidas en el estudio informativo y que eran funcionalmente viables”, según el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

El consejero considera que “se trata de una decisión política que perjudica notablemente los intereses de la Comunidad, en especial de los ciudadanos de la provincia de Ávila”, a la vez que insta al Ejecutivo central a que “rechace hacer un nuevo estudio informativo que daría lugar a unos plazos inasumibles y trabaje en desarrollar algunas de las dos alternativas”.

Mientras que la Junta analiza si recurre la decisión, la Diputación y el PP han asegurado que presentarán un recurso a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ministerio de Transportes ha prometido mejorar la actual carretera Nacional 403 entre Ávila y Adanero.