La decisión de no desarrollar el juicio ha estado basada, según han manifestado desde el Ministerio público, en evitar que la víctima tuviera que revivir el episodio sucedido cuando tenía 10 años, evitando así el impacto emocional que podría suponer declarar en sala y rememorar lo ocurrido hace siete años.
El ministerio fiscal pedía en en un inicio seis años de cárcel por un delito de abuso sexual, mientras la acusación particular solicitaba seis años por el delito de abuso sexual a menor de 16 años, más una pena adicional de tres años de prisión por un presunto delito de ciberacoso sexual, aunque por este delito no ha sido finalmente condenado.
Tras el acuerdo alcanzado por las partes, entre el ministerio fiscal, la acusación y la defensa, la Audiencia Provincial de Ávila ha condenado al monitor -sin antecedentes y que ha permanecido en libertad durante todo el procedimiento- a cuatro años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros.
El suceso ocurrió en el verano de 2018 en una localidad del partido judicial de Arenas de San Pedro, donde la Federación Madrileña de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad Autónoma de Madrid organizó un campamento durante diez días.
La confianza, clave para cometer los hechos
El acusado se habría aprovechado de los problemas de salud del menor para dormir junto a él, una vez ganada la confianza del menor, realizando tocamientos mientras compartían litera. Tras la denuncia, se le impuso una orden de alejamiento como medida cautelar.
Ante la vista oral que tenia previsto celebrarse a las 10 horas de la mañana de este miércoles en la Audiencia Provincial, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad que implica un reconocimiento de los hechos: “Desde el momento en el que él se confiesa, es decir, desde que él reconoce que está de acuerdo con los hechos y con la pena, está reconociendo los hechos”, ha reconocido el fiscal jefe de la la Fiscalía Provincial de Ávila, Javier Rojo.
Por lo que la Audiencia Provincial ha dictado sentencia firme, condenando al monitor a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual. Junto a ello, también ha sido condenado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante diez años, seis años de libertad vigilada que se deberán de cumplir después de la pena, unido a 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con menores, más una indemnización de 6.000 euros que el monitor ya ha pagado.
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