El hecho ocurrió en el verano de 2018 en una localidad del partido judicial de Arenas de San Pedro, donde la Federación Madrileña de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad Autónoma de Madrid organizó un campamento durante diez días.

Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan a finales de julio de 2018, cuando el monitor del grupo habría aprovechado esta condición para ganarse la confianza del menor. El menor presentaba alteraciones en sus niveles de azúcar, circunstancia que, de acuerdo con la acusación, el monitor utilizó como pretexto para dormir junto a él desde la segunda noche del campamento hasta la última.

Durante estas noches, el acusado presuntamente realizó tocamientos de carácter sexual al menor, concretamente masturbaciones, mientras compartían litera. Según el testimonio recogido en el escrito fiscal, el acusado le habría dicho al menor que aquello debía "quedar entre ellos como un secreto".

Tras la denuncia, como medida cautelar, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid  impuso al acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del menor, de su domicilio, su centro escolar o cualquier otro lugar frecuentado por él, así como de comunicarse con él por cualquier medio. Esta medida se estableció por un plazo de seis meses o hasta que se dictara sentencia definitiva.

Agravante

El fiscal atribuye al acusado la responsabilidad como autor de un delito de abuso sexual concurriendo la agravante de abuso de confianza recogida en el artículo 22.6 del Código Penal. En consecuencia, solicita una pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese mismo periodo, y una orden de alejamiento de 500 metros durante seis años. Además, pide la imposición de libertad vigilada por otros seis años tras la condena, y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores durante un periodo de seis años más allá del cumplimiento de la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal exige que el acusado indemnice al menor con 3.000 euros por los perjuicios sufridos, además de los intereses legales correspondientes.

Nueve años

Por su parte, la acusación particular amplía la calificación de los hechos y solicita penas aún más severas. A la pena de seis años por el delito de abuso sexual a menor de 16 años, suma una pena adicional de tres años de prisión por un presunto delito de ciberacoso sexual. Asimismo, reclama la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena, la prohibición de aproximación y comunicación con el menor durante diez años, la medida de libertad vigilada por seis años y la inhabilitación profesional con menores por una década.
En cuanto a la indemnización, la acusación particular eleva la cuantía a 12.000 euros en concepto de daños y perjuicios causados al menor.

Por su parte, la defensa rechaza las acusaciones tanto del ministerio fiscal como de la acusación particular. En su escrito, solicita la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables, y que las costas del proceso sean declaradas de oficio. El juicio tendrá lugar el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila.