Declaraciones que realizadas por parte del portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, a preguntas de la prensa, después de que el PSOE advirtiese de la firma de un acuerdo por el que los dos consorcios de Ávila se unirán a una macroplanta en Palencia para entregar el residuo resto. 

Un convenio que, en palabras del portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, están firmando el resto de diputaciones y consorcios, tal como establece la Ley estatal: “Es un convenio de adhesión que todas las diputaciones provinciales y los consorcios se están uniendo porque hay una obligación de la propia ley de residuos que aprobó su modificación el gobierno de España en el año 2022 y eso obliga el tratamiento de esos residuos que la finalidad, en cierto modo es cumplir determinados aspectos medioambientales”. 

De esta manera, los residuos rechazados en las plantas de reciclaje de en los consorcios Zona Norte, ubicado en Urraca Miguel, y el del Valle del Tiétar ubicado en Arenas De San Pedro, irán a una planta de valoración energética que aún no está definida si será en Palencia: “Todavía no está definido si la planta de valoración energética, como tal, va a estar en Palencia. Se habló de Palencia o Valladolid, porque es el punto neurálgico a nivel comunidad autónoma, porque el coste va a ser el mismo. Va a ser un coste unitario y solidario, tanto si se lleva desde la planta de Arenas de San Pedro como si se lleva desde León o se lleva desde Burgos”. 

Dos millones de euros al año en un consorcio

Por ello, Mesón desmiente a los socialistas que aseguraban que el gasto alcanzaría los 6,5 millones de euros al año, lo que podría sumar alrededor de 300 millones de euros durante todo el convenio, que se extenderá hasta 2070. “La realidad no es esa, la realidad es que el número de toneladas que se genera de rechazo en la planta, por ejemplo, del Valle de Tiétar, no superarían los dos millones de euros de costes”, ha asegurado Mesón. 

Por todo ello, el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación considera que las advertencias de los socialistas “no tienen ningún fundamento”, pues “realmente es una imposición del propio gobierno de España, a través de la ley de residuos”. 

“Mejor será que ese residuo de rechazo sea llevado a un vertedero, porque se lleva a una planta de valorización energética y que se le dé una utilidad y se recicle como tal”, ha manifestado Mesón, insistiendo en que la Diputación está “cumpliendo con la ley que el propio gobierno de España ha aprobado”.