En el informe anual del Defensor del Pueblo, la Diputación y otros tres ayuntamientos de la provincia; figuran como “administraciones entorpecedoras” al no haber respondido a los tres requerimientos solicitados. En el caso de la institución provincial, acumula más siete meses de retraso en su respuesta a los requerimientos del Defensor del Pueblo en temas relacionados con asuntos que tienen que ver con la “protección de la legalidad urbanística”. 

A preguntas de la prensa, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha defendido que desde la institución “cada vez que tenemos un escrito” se intenta “siempre contestar a la mayor celeridad posible”. 

“Desde esta Diputación jamás hemos intentado, no solamente entorpecer a ningún requerimiento ni por parte del Procurador ni de ninguna otra Administración, porque intentamos hacer gala de esa transparencia, agilizando incluso todos los escritos que nos piden en los cinco días hábiles”, ha asegurado García.

Posibles causas 

En este sentido, ha argumentado diferentes motivos que han podido conllevar algunos retrasos en las tramitaciones como la excedencia laboral de un arquitecto, la construcción de los cinco parques comarcales de bomberos o la reciente ampliación de la sede de la Diputación en el edificio Jimena Blázquez. 

“Puede que haya habido, a través de los diferentes temas de arquitectos, el hecho de que se concediera una excedencia, también ha coincidido el tema de los parques comarcales de bomberos, con todo el tema también de la ampliación de Jimena Blázquez y probablemente, a lo mejor, puede haberse debido a eso”, ha manifestado el presidente provincial. 

Si bien ha asegurado García que “de manera generalizada, siempre se intenta agilizar la respuesta”, a “todas aquellas instituciones y administraciones que requieren documentación e información” a la Diputación.