Tras el juicio celebrado el 10 de julio de 2024, la Audiencia Provincial condenó en septiembre a diez años y medio de cárcel; a indemnizar a la víctima con 30.000 euros por los daños morales causados; a no acercarse a su hija a menos de 300 metros durante 15 años y medio y a diez años de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad.

El fallo inicial fue recurrido en apelación por el condenado, alegando "error en la valoración de la prueba" y "falta de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia", así como "inaplicación del principio 'in dubio pro reo".

Ahora, ea Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL rechaza el recurso al no apreciar "ni infracción de la presunción de inocencia, ni error en la valoración de la prueba, ni tampoco infracción del principio 'in dubio pro reo'".

En este sentido, cree que el testimonio de la víctima "constituye prueba de cargo eficaz y suficiente en que sustentar la condena impuesta, debiendo ratificar y hacer" suyo "el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida".

En la resolución, los magistrados explican que "el órgano de enjuiciamiento valora en conjunto, no solo el citado testimonio" de la víctima, "sino el resto de las pruebas para llegar a la conclusión de que, más allá de toda duda razonable, el acusado cometió contra ella los episodios de ataque sexual ya descritos, lo que justifica la condena impuesta".

Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2016, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años y, según el relato de hechos probados, en varias ocasiones el progenitor sometió a tocamientos a su hija cuando estaba en la cama o en la ducha y siempre aprovechando que su esposa y madre de la víctima no se encontraba en casa; en una ocasión llegó a introducirle los dedos en la vagina.