La fiscalía pedía en un principio cuatro años de cárcel para cada uno, sin embargo, dada la adicción de los ya condenados al consumo de sustancias estupefacientes, así como el excesivo tiempo en el que se han tardado en juzgar los hechos que sucedieron hace ocho años, el Ministerio Público ha rebajado la solicitud de las penas a un año de prisión para cada uno de los tres acusados -dos de ellos con antecedentes-. 

Y es que, aunque se ha aplicado en este caso la atenuante de dilaciones indebidas por el excesivo transcurso del tiempo en la tramitación del procedimiento, según ha manifestado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rojo, “no es habitual que suceda, que se dilate tanto en el tiempo un juicio de este tipo”. Sin embargo, diversos factores como que uno de los investigados de este caso esté declarado en rebeldía “ha contribuido a una dilatación del procedimiento”. 

Y así, tras el acuerdo alcanzado entre las partes este miércoles, la Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a los acusados por unos hechos que ocurrieron entre 2017 y 2018, tras una serie de operaciones llevadas a cabo en el Valle del Tiétar por la Guardia Civil, que derivaron en la detección de sustancias estupefacientes que en el mercado habrían llegado a los cerca de 18.000 euros.

Junto a la pena de un año de cárcel para cada uno de ellos, uno de los acusados deberá abonar 9.510 euros de multa, el segundo acusado 6.506 euros, mientras que el tercero deberá pagar 2.000 euros. 

Posibilidad de no entrar en prisión

Las defensas de los tres acusados han solicitado la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, que el tribunal de la sala valore la posibilidad de que ninguno entre en prisión. Una cuestión ante la que la fiscalía no se ha opuesto, siempre que ninguno de los tres delinca en un plazo de tres años, de la misma manera que se acredite o se comprometan a someterse a un tratamiento de desintoxicación de sustancias estupefacientes. 

Y es que estos programas de deshabituación de sustancias ha sido uno de los motivos que han alegado las defensas para que los acusados no entren en prisión -aunque la condena ya es firme-, puesto que uno de los acusados comenzó uno de estos programas hace tres meses, mientras los otros dos han acreditado haberlo realizado ya. De la misma manera que dos de las defensas han solicitado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, añadiendo que los antecedentes de sus dos clientes no son computables, mientras que el tercero carece de ellos.