El juicio sentará en el banquillo a tres de los acusados, puesto que el cuarto se encuentra en rebeldía y no forma parte de la vista oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial el próximo miércoles.

Los hechos investigados se remontan al 26 de octubre de 2017 en el cruce de las carreteras N-502 y CL-501, en el término municipal de Ramacastañas. Agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un turismo en el que viajaba uno de los acusados. Tras examinar el interior del vehículo, encontraron debajo del salpicadero un paquete con una sustancia en roca de color blanco. Las pruebas periciales confirmaron que se trataba de 35 gramos de cocaína con una riqueza del 72,67% y un valor en el mercado ilícito de 6.505,28 euros.

El 30 de junio de 2018, en la carretera CL-501, a la altura del punto kilométrico 80 en Candeleda, la Guardia Civil interceptó otro vehículo en el que viajaban otros dos acusados. Tras registrar el vehículo, los agentes encontraron entre las ropas de uno de ellos un paquete de cocaína en roca, con un peso de 48,78 gramos y una riqueza del 76,22%. Su valor en el mercado ilícito ascendía a 9.509,41 euros.

Finalmente, el 1 de julio de 2018, la Guardia Civil realizó un registro en un domicilio de El Casar de Escalona (Toledo). El morador de la vivienda fue sorprendido en posesión de diversas sustancias: 0,37 gramos de cocaína con una riqueza del 76,45%, 1,87 gramos de cannabis con una riqueza del 17,76%, 280 gramos de cannabis con una riqueza del 2,74% y 3,15 gramos de cocaína con una riqueza del 21,60%. En total, las drogas halladas en la vivienda alcanzaban un valor en el mercado ilícito de 1.784,58 euros.

Penas
La Fiscalía sostiene que todas las sustancias incautadas estaban destinadas a su distribución a terceros con ánimo de lucro. Por ello, califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de grave daño, recogido en el artículo 368 del Código Penal. También se aplica lo dispuesto en los artículos 377, 374.1 y 378 del mismo texto legal.

En consecuencia, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de cuatro años de prisión y una multa equivalente al triple del valor de la droga incautada. 

Libre absolución

Por su parte, las defensas de los acusados han presentado escritos de descargo en los que rechazan la versión de la Fiscalía y niegan la comisión de delito alguno. En el caso del primero, el argumento que "no son ciertos los hechos que se imputan" y que la acusación fiscal vulnera "los principios de intervención mínima, proporcionalidad, última ratio y adecuación social".

La defensa de otro de ellos también se ha mostrado disconforme con la calificación de los hechos y ha solicitado la absolución de su representado, asegurando que "no existen hechos constitutivos de delito alguno imputable". Asimismo, el abogado del tercero ha coincidido en rechazar los cargos.

El cuarto de los acusados no comparecerá en el juicio al encontrarse en rebeldía, por lo que no es parte en este procedimiento.