El diputado provincial del PSOE, Raúl Blanco, acusa al equipo de Gobierno de “improvisar” un Protocolo Operativo de Comunicaciones “confuso, carente de elementos claves”, contando con una empresa privada para un servicio que “ya se venía prestando por el 112 con profesionales perfectamente formados".
 

Blanco muestra la “enorme preocupación” por la situación derivada de la inexistencia actual de un convenio de colaboración con los Bomberos de la ciudad de Ávila, con cuyo Ayuntamiento la institución provincial mantiene un enfrentamiento explícito desde hace tiempo en este y otros asuntos. 

Esta situación, que a juicio del diputado socialista supone “un ejercicio de irresponsabilidad institucional sin precedentes”, se ha visto “agravado” por la elaboración de un presunto protocolo de activación de estos efectivos por parte del PP.

 
Dicho protocolo se estableció por decreto el 30 de diciembre de 2024, “sin el conocimiento, ni colaboración del resto de fuerzas políticas” en la institución provincial, “aprovechándose además por el equipo de gobierno para externalizar a una empresa privada un servicio de comunicaciones y de activación de los bomberos de la capital”.

Duplicidad

Tras no entender la contratación de una empresa privada para prestar este servicio, el PSOE considera que se trata de “una duplicidad de actuantes en situaciones en que se requiere rapidez y eficacia”, como son las emergencias, algo que a su juicio “solo puede ocasionar problemas". 

En este contexto, Blanco afirma que, además, este protocolo contiene “auténticos despropósitos”, al establecerse que el mando de la intervención "será asumido por el primer interviniente", que puede ser “un voluntario de protección civil y endosarle esta responsabilidad”. Desde su punto de vista, es algo “no solo es contrario a la ley, sino peligroso para los propios voluntarios y para las personas afectadas por la emergencia".

El diputado provincial socialista señala que el mando “siempre debe ser asumido por profesionales del Cuerpo de Bomberos, que serán auxiliados por voluntarios, cuya labor es encomiable, pero que no merecen ser confundidos,  ni en su responsabilidad, ni en su seguridad, con los agentes profesionales".

Según los socialistas, el equipo de Gobierno “lo sabe, pero deliberadamente y por motivos que no se alcanzan a entender, utiliza en el protocolo las expresiones ‘agentes colaboradores en la extinción’ o ‘bomberos voluntarios’ figuras que no existen en el ordenamiento jurídico”.

Para los socialistas, este protocolo “provoca una profunda inseguridad, y no solo jurídica, a la población de la provincia, cuya protección y la de sus bienes nunca deberían ser objeto de trifulcas e intereses partidistas, y cuyo interés debe primar sobre cualquier otra valoración”. Una inseguridad que “también se extiende a los profesionales y voluntarios que intervienen en los siniestros, cuya integridad debe ser preservada”.

Improvisación

Este “despropósito”, fruto de la “improvisación, cuando no del desconocimiento”, debe ser objeto de “una profunda revisión de manera urgente, estableciendo con claridad cuáles son las competencias de todos los implicados en la gestión de una emergencia, evitando duplicidades y agilizando los tiempos de respuesta”.

Por ello, el grupo socialista solicita la conformación de una mesa en la que se sienten las instituciones y los profesionales del sector, que funcione como “un foro permanente donde se establezcan con rigor y seriedad cuáles deben ser los procedimientos a seguir en todo momento en la gestión de emergencias, todo ello en virtud de la prestación del mejor de los servicios para los ciudadanos de la provincia”.