La Junta va más allá del cohecho y recurre el auto del juez: insiste en juzgar también delitos de fraude y estafa

Por eso, según ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el letrado de la Comunidad autónoma ha presentado recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional de estos dos últimos delitos decretado en el auto judicial que abre juicio oral únicamente por cohecho. 

En concreto, la Junta observa en la conducta del jefe del Servicio de Inspección Tributaria un delito de cohecho en concurso medial con un delito de fraude o exacción ilegal o, alternativamente, con un delito de estafa agravada con abuso de las relaciones personales en grado de tentativa.

Para responder de todo ello, la Junta pide para su subordinado una pena de prisión de seis años, multa de veinticuatro meses a razón de 25 euros diarios (18.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público y ejercicio del sufragio pasivo durante 12 años.

Por su parte, la acusación particular también ha presentado recurso de apelación contra la parte del auto que dicta el sobreseimiento provisional de dos de los delitos que apreciaba en el comportamiento del encausado, además del de cohecho.

Se trata, de un lado, de un delito de malversación de caudales públicos, para el que pide una pena de cinco años, tres meses y un día de prisión, con las accesorias de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

De otro, un delito contra la Administración de Justicia, para el que solicita una pena de cuatro años de prisión, con las accesorias de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y multa de veinticuatro meses a razón de 20 euros diarios (14.400 euros).

Además, en concepto de responsabilidad civil, la acusación particular pedía la imposición de una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados.

De momento, a la espera del juicio que se celebrará con tribunal popular en la Audiencia Provincial de Ávila, sin haberse concretado aún la fecha, el Juzgado de Instrucción número 2 ha recibido ya la fianza de 10.000 euros impuesta al jefe del Servicio de Inspección Tributaria, que ya no ocupa ese puesto en la Administración según ha dicho el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.