La fiscalía pide cuatro años de prisión y 9.000 euros de multa, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años, como presunto responsable de un delito de cohecho que será juzgado con tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Ávila.

Según figura en el auto judicial, a P.S.G. se le acusa de haber intentado “obtener un beneficio económico injusto” solicitando a los afectados que recibieron una herencia, el pago de 50.000 euros a cambio de realizar una liquidación del impuesto de sucesiones más favorable de la que en realidad les correspondería.

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, ha explicado que este funcionario sigue desempeñando funciones en la Administración, aunque diferentes a las que venía desarrollando como jefe del Servicio de Inspección Tributaria: “No exactamente esas funciones y tampoco en esas responsabilidades que tenía en ese momento”, ha dicho al ser preguntado por este asunto.

A la espera de sentencia

La Junta de Castilla y León también se persona en esta causa como acusación particular, representada por el letrado de la Administración regional. Tal como ha detallado el delegado territorial, la Administración autonómica ha colaborado con la justicia desde el inicio del proceso, aportando documentación y realizando las declaraciones testificales solicitadas por las partes implicadas. 

Hernández ha señalado que, cuando se dicte sentencia, la Junta acatará la decisión judicial: "en función de las resoluciones judiciales que se adoptaran, especialmente durante la sentencia judicial, se abordarán, se ejecutarán y se asumirán las decisiones y los pronunciamientos que están recogidas en esa resolución judicial".