Así lo ha determinado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en un auto que decreta la apertura de juicio oral respecto de P.S.G., al que impone una fianza de 10.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias, como pena de multa y costas, que pudieran imponérsele, con el apercibimiento de que, de no prestarla ni acreditar su insolvencia, se procederá el embargo de sus bienes por esa cantidad.

El delito de cohecho viene recogido en el artículo 419 del Código Penal y se produce cuando una autoridad o funcionario público recibe o solicita una dádiva o retribución “para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar”.

Los hechos juzgados se remontan a finales del año 2022, cuando el acusado, en la inspección de una declaración del citado impuesto, detectó bienes no declarados, por lo que debía calcular una base imponible y determinar una nueva liquidación del impuesto.

Según figura en el auto judicial, a P.S.G. se le acusa de haber intentado “obtener un beneficio económico injusto” solicitando a los herederos el pago de 50.000 euros a cambio de realizar una liquidación del impuesto de sucesiones más favorable de la que en realidad les correspondería. 

Problemas personales

La petición del pago se efectuó “bajo la excusa de sufrir ciertos problemas personales y económicos” y de haber logrado el acusado su objetivo “la hacienda de la Administración autonómica se habría visto perjudicada con la minoración de los ingresos por el impuesto de sucesiones”, tal y como queda reflejado en los antecedentes de hecho del auto judicial.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años, veinte meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (9.000 euros) y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Por su parte, el Letrado de la Comunidad de Castilla y León pide para P.S.G. seis años de prisión, multa de 24 meses a razón de 25 euros diarios (18.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público y ejercicio del sufragio pasivo durante doce años.

Mientras, la acusación particular solicita cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de una indemnización de 50.000 euros por los daños y perjuicios morales causados.

La acusación aprecia también la comisión de sendos delitos de malversación de caudales públicos en grado de tentativa, para el que pide cinco años y tres meses y de prisión, y contra la Administración de Justicia, para el que solicita cuatro años de prisión, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios (14.400 euros). Sin embargo, el juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional respecto de estos dos delitos, así como del delito de estafa que observa el letrado de la Comunidad de Castilla y León.

El auto judicial señala como órgano competente para el enjuiciamiento el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Ávila, sin que se haya fijado aún una fecha para celebrar el juicio.

Este caso salió a la luz en febrero de 2023, ante lo que el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, no quiso desvelar entonces si el funcionario seguía ocupando el puesto. Meses después, en junio de 2023, en las Cortes, el delegado dijo desconocer la situación del jefe del Servicio de Inspección Tributaria porque no dependía de la Delegación Territorial sino directamente de la Consejería de Economía y Hacienda.