Así lo ha dicho la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, poco antes de participar en la I Jornada sobre Huérfanas y Huérfanos de la Violencia de Género, organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, con la participación de cerca de 300 personas.

'La protección jurídica de las personas menores huérfanas a consecuencia de la violencia de género' ha sido el título de la ponencia que ha ofrecido Peramato, quien ha admitido que las familias de estas mujeres suelen tener “miedo” al momento en el que el agresor o asesino sale de la cárcel. 

Por ello, desde el ministerio público “se está intentando también, dentro de los márgenes legales, que las prohibiciones de aproximación sean lo más largas posibles, pero, además, que se extiendan a los tutores, guardadores, acogedores, que suelen ser la familia materna que se hace cargo de estos niños y niñas”. 

“Queremos protegerlos también frente al agresor, no solamente cuando sale de la cárcel que pueda hacer aproximación, sino también para evitar cualquier tipo de comunicación durante la ejecución de la pena”, ha añadido.

Garantizar el patrimonio

Tras destacar que "se ha avanzado muchísimo" desde que entró en vigor la Ley Orgánica Integral de Violencia de Género, la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, ha recordado que ahora se puede pedir "la privación o la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, algo que no se podía antes de 2010". A su juicio, se trata de "un avance importantísimo".

Asimismo, ha incidido en el avance de la posición de la Fiscalía para "evitar que exista cualquier tipo de contacto, régimen de visitas o contacto con los menores por parte de los agresores". Y ello, haciendo "extensiva esa protección" a quienes se ocupan de la guarda, custodia y tutela de los pequeños que quedan huérfanos como consecuencia de la violencia de género.

Por otra parte, Peramato ha destacado la necesidad de "garantizar el patrimonio de los agresores, para evitar que se puedan utilizar estrategias” encaminadas a “eludir el derecho a la reparación de esos niños y niñas" y "garantizar también el derecho a la reparación".

En este sentido, plantea la necesidad de "una coordinación y colaboración con todas las instituciones y la sociedad civil", encaminada a "conocer la realidad a la que están sometidos estos niños y niñas", pudiendo poner en marcha "las acciones penales o civiles que procedan, para garantizar su protección y su reparación".

No obstante, Teresa Peramato ha admitido que "reparar el daño de estos niños en la vía penal o en la vía civil, es absolutamente imposible". No obstante, considera “fundamental” una indemnización “adecuada” y “garantizar el derecho a hacerla efectiva”.

"Otra cosa es que, una vez determinada la cuantía indemnizatoria por parte de los tribunales en su resolución judicial, se pueda hacer efectiva o no, pero obviamente tiene que haber ese pronunciamiento para hacerlo efectivo en el caso de que exista patrimonio presente o futuro, hasta que prescriba el derecho a hacer efectiva esa indemnización", ha argumentado.

Peramato señala que la Fiscalía está "velando porque las cantidades se eleven, al menos, en un 50% a las resultantes del baremo de tráfico, porque se está hablando de delitos dolosos, no de delitos imprudentes, y que además el daño que se le produce a estas víctimas es absolutamente irreparable".

En el transcurso de la jornada ha intervenido la hermana de la mujer asesinada hace ocho años por su esposo en Arévalo, quien ha explicado la experiencia por la que ha pasado su familia.