Tras lo sucedido en la capital de La Moraña, donde tres agentes resultaron heridos al detener a cuatro personas como supuestas responsables del robo en una vivienda, la AUGC señala que los miembros de este cuerpo son “víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público”.

En este sentido, aseguran que ante su situación de “indefensión, totalmente inmerecida e inasumible en un estado de derecho”, se requiere de “medidas excepcionales” por parte del Ministerio del Interior, tanto en “la protección y seguridad de los agentes, como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal”, ya que actualmente son de seis meses a tres años de prisión para el delito de atentado contra agente de la autoridad, y de 3 meses a un año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave.

Por ello, ha solicitado al Gobierno que reconozca a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. Desde su punto de vista “no es comprensible que Policía Local, Mossos d'Esquadra y Ertzainza tengan ese reconocimiento laboral, y, en cambio, Policía Nacional y Guardia Civil no”.

Además, la AUGC considera “imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad”.

“Lamentamos que los/las agresores/as, en muchas ocasiones, sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención; no es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está recuperándose de las lesiones físicas o psicológicas”, señalan, al tiempo que critican “la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada, que surgen cada vez con más frecuencia en todo el territorio nacional y también en la provincia” de Ávila. 

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, desde hace tiempo lleva solicitando al Ministerio del Interior pistolas táser y cámaras corporales. “Cada patrulla de nuestros pueblos debería poder llevar este tipo de herramientas como parte de la uniformidad, puesto que contribuirían a disuadir a los autores y con ello se evitarían agresiones que ponen en peligro la integridad física de agentes y ciudadanos”, señala.

Solicitud de reuniones
 
Igualmente, cree que desde la Fiscalía se debe adoptar el criterio de “solicitar el ingreso en prisión provisional de los/las investigados/as por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre estos”.

 
Además, que por parte de los juzgados de instrucción “no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido, puesto que en la mayoría de los casos en que así se hace no se determina con acierto y realidad el alcance de las lesiones y la sanidad de los/las lesionados/as; es muy habitual que con el paso de los días, el/la lesionado/a sufra un empeoramiento, una recaída o incluso reciba un diagnóstico distinto tras someterse a pruebas médicas, que requiera de tratamiento médico, de un periodo de recuperación superior o de ambos”.

La AUGC solicitó el pasado 26 de septiembre una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, con el objetivo de tratar “este y otros temas”.

Asimismo, desde la Delegación de AUGC en Ávila hay programada una conferencia a cargo de su abogado, Andrés Díaz Moñino, bajo el título 'Agente de la autoridad y víctima de lesiones', que tendrá lugar el próximo día 22 en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.

En la charla se abordarán cuestiones como las acontecidas el pasado sábado 28 de septiembre y sus repercusiones legales.