Formación a voluntarios de Protección Civil contra la violencia machista

Promovido por la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el curso celebrado a contado con la participación de 40 voluntarios de Protección Civil a los que se les ha ofrecido conocimientos, recursos y herramientas para que puedan prestar la primera ayuda que requiere una víctima de violencia de género o agresión sexual.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha felicitado a este colectivo por su "disposición a unirse al colectivo de puntos violeta y a convertirse en "una referencia más para aquellas mujeres que sean víctimas de la violencia de género o agresiones sexuales".

 
La jornada ha estado impartida por Gema González, jefa de la unidad de violencia sobre la mujer de la subdelegación del Gobierno; el cabo primero Francisco Javier Ángulo, perteneciente a la unidad de la Policía Judicial de Guardia Civil EMUME, y la inspectora de la Policía Nacional Elisa Gómez jefa de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.

“La violencia machista es intolerable en una sociedad democrática como la nuestra”, ha remarcado Galeano, que en la inauguración de la jornada ha remarcado la necesidad de que la sociedad siga sumando agentes en una lucha contra la violencia machista que sebe ser decidida y de todos. 

En este sentido, ha defendido que la presencia de 'Puntos Violetas' envía un mensaje claro de “tolerancia cero” frente a la violencia de género a la par que ha trasladado el compromiso del Gobierno de España para seguir avanzando en alcanzar la igualdad efectiva y erradicar la violencia estructural. 

Recientemente, la Subdelegación del Gobierno en Ávila se convirtió en Punto Violeta y se sumó a una red de la que forman parte las oficinas del SEPE de la provincia.

Forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.