Para la fiscalía, la nueva construcción se llevó a cabo en un suelo rústico en el que está prohibido edificar viviendas, tal como lo establece la ley y según las declaraciones realizadas durante la vista oral el jueves, en la segunda y última sesión de la vista oral.

En este sentido, el arquitecto municipal, a quienes tanto padre como hijo atribuyen la responsabilidad de lo ejecutado tras su asesoramiento, ha reconocido que en su visita tras la inspección del Seprona, encontró “elementos configuradores de una vivienda y no de una caseta de aperos” como las diferentes separaciones que se habían realizado en el interior, las instalaciones de agua y luz, una chimenea estilo cassette y paredes azulejeadas en lo que se podía intuir que serían un baño y una cocina. Por tanto, recomendó su modificación para poder legalizar la nueva obra. 

El arquitecto municipal, durante su declaración, ha confesado que la caseta no podía ser un establo, puesto que al tener porche, los animales no entraban. Y es que la normativa exige que para tener animales, es necesario establecer una parte en la que tanto ellos como su alimento se puedan cobijar en caso de lluvia. Pero una casa de aperos tampoco podría ser porque mantenía instalaciones propias de un uso residencial, aunque sin confirmar que se trataba de una vivienda, pues, solo con la apariencia no se puede catalogar una edificación para la que se concedió una licencia de obra menor, con el objetivo de llevar una ampliación en una caseta ya existente. Si bien ha indicado que él “para catalogar una vivienda, se espera a que estén puestos los edredones”. 

Y es que el profesional municipal ha asegurado que la obra nueva se encontraba al 50% cuando fue a visitarla tras la inspección del Seprona, asegurando que para conceder la licencia de legalización siguió “un procedimiento con el que ahora es más precavido”, tal “como le enseñó un abogado: con la máxima conservación y el mínimo daño, por un principio de proporcionalidad”.

“Hay que tratar siempre de restituir las cosas a lo que pueden ser”, ha dicho. Por tanto, “como los hechos no estaban consumados, porque allí no había nada amueblado, se entiende que hay que eliminar todo lo que pueda ser susceptible”, en este caso, de vivienda, para poder legalizarlo. Aunque ha manifestado que si el proyecto hubiese presentado la intención de azulejear paredes, no hubiese dado el visto bueno a la legalización porque para “algo más que una casa de aperos”, el alcalde, Iván Picós, hubiese necesitado otra licencia de obra. 

Evidentemente no es una casa de aperos

Unas declaraciones ambiguas sobre un asunto que el aparejador del Consistorio ha sido más claro, ratificándose en el informe realizado en su día en el que establece que la nueva construcción hubiese requerido una licencia de obra mayor, asegurando que “evidentemente no es una casa de aperos, porque tiene chimenea, ventanas e instalaciones de agua y luz”. De la misma manera, ha informado de la prohibición de levantar una vivienda en esa zona. 

Sobre una posible irregularidad en la concesión de la licencia, el técnico ha confirmado que “si el procedimiento ha seguido una licencia directa por parte del Ayuntamiento, es nula de pleno derecho, puesto que no se ha seguido el procedimiento regulado”. 

Por todo ello, el ministerio fiscal considera que el actual alcalde, Iván Picós, cambió la ubicación de la licencia para ampliar una caseta que ya tenía, llevando a cabo una nueva planta y en mitad de la finca con una edificación aparente de una casa de aperos, pero con características interiores de uso residencial. “El Seprona llegó antes de tiempo, porque no tenía colchones”, ha manifestado la fiscalía durante el juicio, añadiendo que “con picaresca”, Iván Picós se amparó en una declaración responsable de obra menor para levantar “una pequeña vivienda”.

Además, ha puesto en duda la legalización posterior que se llevó a cabo sobre la nueva edificación, que requirió eliminar algunos elementos para su visto bueno. Una legalización que se llevó a cabo con el actual diputado provincial de Cultura, Javier González, al frente del Consistorio (alcalde de Hoyocasero entre 2019 y 2023, y cuya declaración ha sido definida por la acusación particular como “impropia”. 

El ministerio público también ha acusado de prevaricación administrativa al padre y exalcalde, Alejandro Picós, al considerar que no ordenó la comprobación de las obras tras la carta anónima que se recibió en el Ayuntamiento acompañada de fotografías que defendían la construcción de una obra nueva sin licencia. 

Yo me lo guiso, yo me lo como

Más dura ha sido la acusación popular, que ha manifestado sobre padre e hijo que “se creían impunes, pudiendo hacer lo que les diera la gana en su municipio”, después de que se concediera un decreto de obra menor al hijo “como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como”. 

De la misma manera, ha criticado la actitud “impropia” del exalcalde del municipio y actual diputado de Cultura en la Diputación, Javier González, con un discurso “sin coherencia” pues el presidente de la sala tuvo que recriminárselo para que no fuese ambiguo con sus declaraciones. “No se meta en líos” y “sea claro”, manifestó el presidente del tribunal durante la primera vista oral. 

“Todo esto conforma un halo de impunidad hasta el punto que, cuando reciben una denuncia anónima, no los preocupa el contenido de la denuncia, sino que se vuelven locos buscando quién es el denunciante. Se ponen nerviosos localizando hasta en Google Maps la dirección del denunciante. No le ordenan al arquitecto que vaya a ver si la denuncia se ajusta a la realidad o no. Si no que tildan la denuncia de falsa, porque debe ser que no localizan al firmante y no lo pueden perseguir -como están haciendo con mi cliente- y en lugar de ir a comprobarlo, deciden ver si tiene licencia. Y la tenía, pero para hacer una ampliación de una caseta. Si hubiesen ido en ese momento, hubiesen comprobado que lo que se estaba construyendo era una vivienda nueva”. Pero “no les interesaba, porque cómo va a ir el alcalde contra su propio hijo”. 

Asimismo, ha alegado que a la nueva vivienda, que se encuentra en un paraje natural, “se le presta un servicio propio de suelo urbano, se le dota de contador de agua y de abastecimiento de aguas”, asegurando que “es blanco y en botella”, porque “está clarísimo que iban a construir una vivienda”. 

Elementos para confundir

“Se están colocando elementos para confundir”, ha manifestado el abogado de la acusación particular sobre el hecho de haber echado paja en el interior simulando un establo. “Los da lo mismo decir que solo se almacenan aperos de labranza -¿qué labranza? Si allí no se cultiva nada-, que decir que en el porche solo puede acceder el burro o los caballos, porque se lo exigen los veterinarios. El burro, si tiene frío, que se meta en la cocina porque la hay, y si no al baño”, ha defendido la acusación particular. 

“La obra no se puede legalizar ni antes ni ahora”, ha sentenciado la parte demandante, por lo que ha vuelto a dejar en el aire la posibilidad de que la fiscalía intervenga en ese procedimiento de legalización: “el expediente de legalización está mal concedido y lo puede examinar la sala para ver si cumple la legislación administrativa correspondiente a los efectos de condenar por los mismos delitos”. 

Por su parte, la defensa del actual alcalde, Iván Picós, ha recriminado que la acusación popular haya exhibido a su defendido como 'El Padrino', alegado que la licencia de la obra coincide con las coordenadas UTM establecidas en la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo y que se construyó una nueva porque la antigua se caía, de manera que los metros restantes construidos en la nueva corresponden a la ampliación solicitada. “La caseta estaba en ruinas y había que ampliarla. Pero en esa zona había mucha piedra y se desplazó respetando las dimensiones de la licencia”, ha defendido el letrado.  

Por su parte, la defensa del exalcalde y padre del actual regidor, Alejandro Picós, ha manifestado que tras la denuncia anónima que se presentó en el Ayuntamiento, no se inspeccionó la construcción porque, al contar con la licencia, no habría por qué presuponer que no era una casa de aperos. 

En su derecho a la última palabra, Iván Picós ha defendido que lo construido “es y será una casa de aperos”, construida por el mismo con materiales que habían sobrado de su empresa de construcción. 

Creo en la justicia

Por su parte, Alejandro Picós ha alegado haber actuado como la secretaria y el arquitecto municipal le indicaron, que “es una buena persona” y que “cree en la justicia”. No sin antes acusar al denunciante, el que fuera concejal  de Hoyocasero, Félix Jiménez, también constructor, de haber recibido numerosas visitas de la Guardia Civil en una de sus obras. 

Por todo ello, la fiscalía se ha adherido a lo solicitado por la acusación popular. De manera que piden para Iván Picós un año y medio de cárcel, una multa de 200 euros al día durante 24 meses y la inhabilitación especial para ejercer como promotor constructor durante cuatro años, además del deber de demoler el excedente construido. 

Mientras, para el padre y exalcalde, Alejandro Picós, solicitan tres años de prisión e inhabilitación especial para ejercer un cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 12 años, así como una multa de seis euros al día durante 18 meses. Con todo ello, el juicio ha quedado visto para sentencia.