Ambos son de nuevo juzgados después de quedar absueltos en 2023 por la Audiencia Provincial de Ávila por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, tras el juicio celebrado en noviembre de 2022. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ordenó repetir el juicio, cuya primera sesión ha tenido lugar este miércoles, y que continuará el jueves.

La fiscalía pide para el actual regidor de Hoyocasero y también gerente de la empresa constructora familiar, Iván Picós, 18 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como 18 meses de multa con una cuota diaria de diez euros y la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. También pide la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionados con la promoción y construcción de inmuebles durante dos años y seis meses.

Por su parte, la acusación popular pide para Iván Picós un año y medio de cárcel, una multa de 200 euros al día durante 24 meses y la inahibiltación especial para ejercer como promotor constructor durante cuatro años, además de deber demoler el excedente construido. 

Más dura es la petición para el padre y exalcalde, Alejandro Picós, para quien pide tres años de prisión e inhabilitación especial para ejercer un cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 12 años, así como una multa de seis euros al día durante 18 meses. 

Aunque las defensas de los dos acusados, además de negar los hechos por los que se los acusaban, han solicitado la suspensión del juicio debido a un recurso de amparo presentado en el Tribunal Constitucional y a una vulneración de derechos sobre el padre, finalmente la sala ha rechazado la petición. Y es que, en palabras de la fiscalía, la suspensión solo dilataría el proceso que ya se ha extendido a los seis años.  

Licencia

Los hechos ocurrieron en 2017 cuando el actual alcalde, Iván Picós, adquirió una parcela en la que construyó una caseta de aperos, amparado en una licencia de obra menor concedida por el Ayuntamiento que solo establecía la ampliación de una ya existente en la misma parcela. 

Las obras, que se llevaron a cabo entre el verano de 2017 y principios de 2018, dieron lugar a una edificación nueva, asentada sobre una base de hormigón de unos diez metros de ancho por 12 metros de largo. El inmueble, que fue modificado posteriormente para cumplir los requisitos de legalidad, cuenta con seis ventanas, una puerta de acceso por la que no pueden entrar animales y un porche de acceso de 5x4 metros. 

En su interior, una habitación inicial con chimenea, además de una pared azulejada con tomas de entrada y salida de agua, que da a otras tres habitaciones, una de ellas también con azulejos en la mayor parte de las paredes, junto a una salida y entrada de agua. 

En palabras de la acusación particular, la posterior legalización de la nueva construcción que autorizó en 2019 el que fuera alcalde y actual diputado de Cultura en la Diputación Provincial, Javier González, es “una barbaridad”. “Hay que evaluar si era autorizable o no en aquel momento. Nosotros no somos ningún vengador justiciero ni ningún ángel con espada que vayamos persiguiendo las ilegalidades en el municipio”, ha manifestado el abogado de la acusación. Y es que al haber sido secretario toda su vida, “no tiene ninguna duda de la barbaridad que se ha hecho”, pero “allá quien lo quiera perseguir”.

Delito de libro

Además, ha dejado en el aire la posibilidad de que la fiscalía se persone contra el Consistorio por legalizar la nueva construcción que, según se ha podido conocer en el juicio, tenía licencia de obra menor para ampliar la ya existente, pero no para construir una nueva: “¿Qué lo ha hecho el Ayuntamiento de Hoyocasero? Pues ellos sabrán y sabrá el ministerio fiscal si tiene que deducir ese testimonio o no, o iniciar acciones contra el Ayuntamiento que legaliza esta construcción. La licencia la pide el alcalde para su hijo, la firma él, la rellena él, firma el decreto y la recepción de la notificación y luego dice que no sabe nada. Estamos ante un delito de libro. Si la parte sostiene que no es así, es la sala la que lo tiene que resolver”.

Y es que la construcción se encuentra en “un paraje natural protegido por la ley” del que “se va a privar a todo el mundo”, ha defendido la acusación, “sin embargo, un alcalde y su hijo -actual regidor- se permiten trasgredirlo porque son constructores”. Una acción que ha definido a lo Juan Palomo: “yo me lo guiso, yo me lo como”. 

Mucho lujo para unas gallinas

Las peculiares características que mantiene la nueva construcción es para uno de los guardias civiles que la inspeccionó, según ha dicho, “mucho lujo para unas gallinas”, dado que tenían “chimenea y azulejos”, además de indicar que habitualmente estas casetas son diáfanas. Asimismo, ha manifestado cómo en la inspección habían echado paja en el interior del inmueble, entre la que no había excrementos de las gallinas que allí residían en “un intento de engaño” para hacerla pasar por caseta, y no como vivienda.  

En su declaración, el actual alcalde ha asegurado que la nueva construcción se llevó a cabo por recomendación del arquitecto municipal, dado que la caseta existente estaba en malas condiciones, siendo aconsejado por el profesional de lo que debía hacer en cada solicitud de licencia. Y aunque durante la vista oral ha asegurado que la nueva casa de aperos tenía como fin el almacenaje, a preguntas de la acusación ha asegurado que la disposición de habitáculos estaba destinada a separar la leña y a guardar animales, aunque posteriormente ha manifestado que por la puerta construida no hay cabida para que pasen animales como burros. 

Por su parte, el exalcalde y padre del actual regidor, ha confesado que concedió la licencia de obra menor a su hijo por consejo del arquitecto, asegurando que fue éste profesional quien inspeccionó la obra tras la denuncia que llegó al Ayuntamiento, dando siempre el visto bueno a la obra. Y es que, en palabras de Alejandro Picós, la construcción es “un cachillo de nave bien acabada”. 

El momento de mayor tensión durante el juicio se ha vivido durante la testifical del actual diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Javier González, que autorizó la legalización de la nueva obra mientras era alcalde (cargo que ostentó hasta 2023), puesto que el presidente de la sala ha intervenido para invitar al diputado a contar la verdad, debido a las vaguedades en su declaración. “No se meta en líos”, le ha recomendado el presidente, después de que el diputado no supiera certificar si las dos viviendas estaban unidas o separadas, a pesar de haber reconocido que se ven desde la carretera que pasa desde Ávila. 

Advertencia al diputado

“Viene usted como testigo, y como consecuencia de ello tiene que decir la verdad. Pero es que, además, las personas que son o han sido autoridades se les exhorta más que a nadie a que digan la verdad porque tienen un deber con la administración. No sé por qué no está contestando con claridad a las preguntas que le están haciendo. Está contestando con evasivas, buscando cómo salir de las preguntas que le formulan. Por tanto, le tengo que advertir que si no contesta a las preguntas y si sigue con ese comportamiento de no contestarlas, pese a que son claras, a lo mejor este tribunal decide deducir testimonio en contra de usted por un delito de falso testimonio", le ha recriminado el presidente de la sala.

"Por tanto, le solicito que no se meta en problemas y conteste a las preguntas que le están haciendo y si no las sabe, diga que no lo sabe, pero conteste con claridad. No se meta en problemas”, le ha insistido.

La vista oral ha contado también con la testifical de la secretaria del Ayuntamiento, que ha reconocido que ante la denuncia anónima que llegó al Consistorio sobre la irregularidad de la nueva construcción, creyeron que era falsa porque la dirección del denunciante residía en un hotel madrileño y porque la casa de aperos antigua -para la que se había pedido una licencia de obra menor para realizar una ampliación- cumplía todas las licencias. Y es que, no se percataron que en las fotos que acompañaban la carta recibida en el Consistorio, no era la caseta para la que se había pedido autorización, sino otra nueva que se había construido, porque siempre confiaron en el arquitecto. 

Así las cosas, casi todas las declaraciones han radicado en las autorizaciones y trabajo del arquitecto municipal, quien declarará el jueves en la segunda y última sesión de la vista oral.