Critica que se haya relegado, por tercer año consecutivo, “de la mayor parte de las pruebas de acceso a la Policía Nacional", lo que demuestra que “el arrinconamiento y ninguneo a Ávila es constante”.

La moción destaca que en la convocatoria más reciente, celebrada el 13 de abril, el 94% de los 19.000 aspirantes realizaron la prueba teórica en lugares fuera de Ávila, solo 1.072 se examinaron en la ciudad, de forma similar al caso de noviembre de 2023, donde de 37.000 inscritos, solo 5.000 realizaron las pruebas en Ávila al haber establecido el Ministerio del Interior 14 sedes.

"Esta descentralización tuvo sentido durante la pandemia para facilitar el acceso de los aspirantes y evitar contagios, pero ahora carece de cualquier justificación", ha argumentado la senadora, remarcando importancia histórica de Ávila en la formación policial.

“No tiene sentido que el Gobierno no vuelva a centralizar estas pruebas en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, como ocurrió entre 2013 y 2020 bajo los gobiernos del Partido Popular".

La portavoz también señala el impacto económico de las pruebas, ya que antes de 2020 “eran un recurso de primer nivel para la hostelería abulense en los meses de otoño e invierno, llegando a colgar el cartel de completo durante las jornadas de los exámenes”.