Al igual que ocurrió en el último pleno del Ayuntamiento de Ávila, todas las formaciones han acordado pedir a la administración autonómica que dote al Complejo Asistencial de Ávila de una Unidad de Ictus, equipándola del personal necesario para su correcto funcionamiento.

Tanto Vox -que ha apoyado la moción porque lucha contra la desigualdad territorial- como el PP han coincidido en la escasez de profesionales necesarios para atender la unidad. Aunque el portavoz de los populares, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha destacado la alta tasa de expertos en Castilla y León que, con 4,3 profesionales por cada mil habitantes, se sitúa por encima de la media que exige la Federación Europea de Sociedades Neurológicas. 

Si bien, Sánchez Mesón ha reconocido la necesidad de disponer de una unidad de ictus en Ávila, aunque ha detallado la atención que la Consejería de Sanidad presta en esta materia, mientras no se dispone de estas instalaciones específicas. 

PNL aprobada en 2018

Por su parte, el PSOE ha recordado su Propuesta No de Ley aprobada en 2018 por unanimidad en las Cortes regionales para crear unidades de ictus en las provincias que carecían de ellas antes de finalizar 2019, aunque en estas cuatro provincias (Soria, Zamora Palencia y Ávila) se han presentado iniciativas para su creación y en “ninguno de los casos han sido aceptadas”. 

Para apoyar su argumento, el diputado socialista, Juan Carlos Montero, ha defendido que, de media en cada unidad, serían necesarias 4 y 6 camas para dar servicio a los pacientes de cada hospital. 

Limpieza de ríos

Otro de los acuerdos que han salido aprobados en el pleno ordinario de marzo instar a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Tajo para que lleven a cabo labores de mantenimiento y limpieza de los cauces dependientes de ellas, permitiendo a su vez, a través de los mecanismos legalmente previstos, la participación en estas labores de los municipios de Ávila por cuyo término transcurran los flujos de agua dependientes de este organismo.

La propuesta, presentada por Vox y transaccionada por el PP para que se haga extensible también a la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha contado con el voto a favor de todos los grupos, excepto del PSOE que se ha abstenido, pues en palabras del diputado Carlos Montesino, las competencias de la limpieza de los cauces no son solo del Ministerio y de la Confederación, también son de la Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila o los propios Ayuntamientos, en caso de que los cauces se sitúen en áreas urbanas.

Trámites burocráticos 

Aunque Montesino ha querido “pegar un tirón de orejas” a la Confederación porque “los alcaldes tienen dificultades imperiosas en cuanto a los trámites burocráticos”, puesto que el permiso, según ha asegurado, se prolonga hasta dos años en tramitar. 

Por su parte, el portavoz de Por Ávila, Óscar Jiménez,  ha reconocido que se han realizado mejoras, pero son “insuficientes”, y es que tras la visita de la presidenta de la CHD a localidades como Cisla, anunció una inversión de 1,5 millones de euros para los próximos 3 años. Pero para Jiménez, “teniendo en cuenta que entre el 21 y el 23 se han invertido 1,5 millones de euros, lo que ha venido a anunciar es que no se va a aumentar la inversión, sino a mantenerse”. Lo que lamentan desde Por Ávila. 

Por su parte, el PP ha defendido que la competencia en cuanto a dominio público hidráulico de las confederaciones “es íntegra en todo el recorrido de los ríos y arroyos, pero en determinadas responsabilidades no”, porque “la responsabilidad de limpieza del cauce debería ser íntegra de las confederaciones, porque las zonas urbanas están supeditadas a los Ayuntamientos, como si del Guadiana se tratara: ahora sí, ahora no”. 

“La necesidad debería ser una limpieza íntegra en todo el recorrido de los cauces de las propias confederaciones, porque era la garantía de que lo que ocurrió con la borrasca Juan , no ocurriría con esta limpieza de cauces”, porque los “Ayuntamientos dependen ahora de la solicitud elevada a las CH para la limpieza de los cauces en zonas urbanas. Algo que es incongruente, en palabras de Mesón, es “que nos dejen esa responsabilidad en algunos Ayuntamientos, porque algunos tenemos capacidad económica para limpiar esos cauces de arroyos en zonas urbanas”, pero “otros con menos capacidad económica no lo pueden realizar”. 

Zonas gravemente afectadas por emergencia

Respecto a catástrofes como las inundaciones que dejó la borrasca Juan, los socialistas han presentado una moción para que la Diputación de Ávila elaborara un procedimiento de ayudas de emergencia destinado a los municipios afectados por catástrofes meteorológicas o naturales.

La medida -que ha salido rechazada- solicitaba que, una vez el municipio o área fuera declarado como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, se abriera por decreto del presidente de la Diputación un periodo de peticiones de ayudas de emergencia para los ayuntamientos damnificados. 

Ayudas destinadas a la apertura y reparación de vías y caminos, reparación de infraestructuras consideradas esenciales y cualquier otra medida que impidiera el normal funcionamiento de los servicios públicos de competencia local. 

Una moción ante la que todos los grupos han votado en contra, excepto Por Ávila, que se ha abstenido. 

Desde la bancada del PP se ha criticado esta propuesta al considerar que la Diputación “hará lo necesario para ayudar a los ganaderos y agricultores”, mientras se ha asegurado que no a todos los municipios se los concederán las ayudas tras la declaración de zona afectada gravemente por emergencia, ni todos recibirán el 50% de la subvención.