También pide convocar a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para analizar los informes científicos que aporte cada administración, teniendo en cuenta de forma prioritaria a las comunidades autónomas que más padecen este problema y a los sectores implicados. 

El objetivo, según el texto, es llegar a un acuerdo en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que permita la elaboración de un Plan de Gestión del Lobo, que haga compatible su conservación con la defensa de los intereses de los ganaderos.

García ha recordado que en 2.021 el Gobierno incluyó a toda la población del lobo español en el Lespre, “en un gesto de rendición a los caprichos ecologistas” y con la oposición de las comunidades afectadas y los ganaderos.

Considera “incomprensible” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios se entreguen a los “radicales ecologistas”, a la vez que denuncia que no se ponga del lado de quienes luchan por seguir habitando la España rural, a pesar de las “zancadillas” del Gobierno.

Unión Europea

En este sentido, la portavoz de los populares en la Cámara Alta recuerda que además de las reiteradas advertencias de las comunidades y los sectores afectados, la UE en su último informe, recomienda que se reconsidere la posición en cuanto a la protección total de la especie, dado que al no tener depredadores naturales la superpoblación empieza a ser un problema y que, por lo tanto, se considere especie “protegida” en lugar de especie “estrictamente protegida”.

“No sólo lo reclaman los ganaderos huérfanos de un Gobierno que les apoye o las comunidades ignoradas por Sánchez y sus socios, sino que desde Europa nos urgen a modificar la normativa”, tal y como defiende el PP.
García reprocha al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, que deje de “ceder ante los antojos” de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

García apunta que durante el año pasado el lobo mató a más 5.500 cabezas de ganado sólo en Castilla y León, “una cifra récord”, donde Ávila es la provincia más afectada por los ataques, con 1.652 cabezas muertas, aglutinando el 30% de los ataques en toda la Comunidad y con un incremento del 11% respecto al 2021.