El PP acusa a Por Ávila de "meter mano en el bolsillo de los abulenses”

El portavoz del PP en la Comisión Informativa de Hacienda, David Gil, ha comentado que la comisión celebrada este viernes “arroja un nuevo resultado”, en referencia a que Por Ávila “consigue meter la mano en el bolsillo de los abulenses, una vez más”. 

“Genera una serie de subidas de tasas, que si bien va a estar condicionada por la aplicación del servicio, habrá que volver a estudiarla en un futuro próximo, como máximo el 10 de abril de 2025 para ajustarse a todos los puntos que establece la Ley 7/2022 sobre Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos”, ha explicado sobre la tasa de basuras.

Asimismo, ha explicado que el PP sigue votando en contra de la subida del IBI y del impuesto de vehículos. “Entendemos que Por Ávila ya aplicó un primer hachazo fiscal en su anterior mandato, recaudando seis millones de ingresos extra, que iban a ir dedicados a inversiones, de los cuales solo 1,5 se ha destinado a ello. Los otros 4,5 se han destinado a gastos corrientes”, ha sostenido Gil.

Además, ha hecho referencia a la ordenanza de prestación de útiles, cuya propuesta popular ha sido rechazada. El PP proponía “volver a la ordenanza anterior, antes de 2020, donde no se cobraba esta prestación a asociaciones, clubes, AMPAS o colegios, entre otros”.

Auténtico despropósito

Por otra parte, el portavoz popular en la Comisión de Hacienda ha considerado “un auténtico despropósito” el desarrollo de dicha comisión, ya que “se han vuelto a cambiar e introducir reglas a mitad de la misma, al llevar cada una de las votaciones al punto que más le conviene a Por Ávila”.

En este sentido, ha comentado que la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García Almeida, indicó en la pasada comisión que “se podrían presentar enmiendas a cualquier ordenanza para estudiarlas e incluso aprobarlas, si así se estimaba oportuno por los diferentes grupos, indicando incluso que era un criterio avalado por Oficialía y Secretaría”.

“En esta comisión ha tenido que rectificar por ser una declaración contraria a la normativa vigente. Ante esta inseguridad, se hace muy difícil llevar a cabo una correcta fiscalización y control del equipo de gobierno por aquellos grupos municipales que tenemos encomendada esta función”, ha concluido David Gil.