Por Ávila exige al Gobierno el fin de los peajes en la AP-6 y AP-51 para el año 2029

La formación ha mostrado su preocupación por que la Comisión Europea haya informado del “compromiso adquirido por España en su día para volver a licitar la concesión a partir de 2029, con lo que las autopistas no finalizarían hasta 2036”. 

A este respecto, el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha pedido al PP, formación que gobernaba España “cuando se impusieron estos peajes y, por tanto, responsable de los mismos”, y al PSOE, “formación que gobierna en la actualidad, que dejen de cercenar las oportunidades de los abulenses y de cortar las alas al progreso de la provincia”.

Asimismo, Budiño ha pedido al Gobierno de España que se comprometa a no prorrogar la concesión y, en concreto, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “certezas” a este respecto, después de que dijera que la concesión finaliza en el año 2029 afirmando que lo pase “a partir de ahí” no lo conoce “en este momento”. 

Asimismo, la formación reclama al Gobierno y a la Junta de Castilla y León, hasta que finalice la concesión, bonificaciones a los usuarios de la provincia que son en su mayoría estudiantes, trabajadores o autónomos, que se desplazan con frecuencia a la Comunidad de Madrid.

Propuesta de bonificación

Por su parte, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, ha subrayado el “hartazgo” de los abulenses ante esta situación, así como la “falta de credibilidad” en este asunto de los políticos, ante lo cual ha pedido que no se mienta a los vecinos de Ávila.

Tras pedir “certidumbres” y “certezas” respecto al asunto de los peajes, ha recordado que existe una sentencia “desfavorable” a la fecha de 2029 para la finalización del peaje, según dijo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado esta misma semana. Al respecto, habla de siete años más.

Por ello, Budiño ha planteado que todas las administraciones, Gobierno central, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de la capital, “intenten bonificar a los usuarios, dentro de la capacidad económica de cada entidad”, como una forma de “recompensar ese hecho tan gravoso”.