Del Sábado, 17 de Enero de 2026 al Martes, 20 de Enero de 2026
El consejero de Medio Ambiente en la depuradora de Mombeltrán.La procuradora socialista Soraya Blázquez ha calificado de “opaca” la ejecución de las obras de depuración de agua en la provincia de Ávila. Por ello, ha solicitado información respecto a cuatro depuradoras.
Los datos solicitados por Rodríguez se refieren al "cumplimiento de cuestiones contempladas en la ley", respecto de la construcción de varias infraestructuras, ante las que ha expresado su “desconfianza en el proceder" de la Administración autonómica.
Así lo ha trasladado al seno de la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, mediante una proposición no de ley en la que pide información en torno a las estaciones depuradoras de Burgohondo, Langa, Serranillos y Hoyos del Espino, después de la puesta en marcha de la del Barranco de las Cinco Villas, en Mombeltrán.
“En todas ellas", señala la procuradora socialista, "se aprecian errores de bulto sobre los que no se nos ha dado respuesta”. En este sentido, se ha referido al hecho de que “los estudios geotécnicos no contemplan el total de las parcelas de construcción de las depuradoras”.
No se cumplen plazos
A juicio de Blázquez, “esta opacidad de la Junta de Castilla y León sólo tiene unos damnificados, que son los ciudadanos de esta Comunidad, en este caso, los abulenses que, pese a los anuncios grandilocuentes en prensa, no van a tener estas infraestructuras en servicio, en tiempo y forma”.
Desde su punto de vista, resulta “poco fiable” el proceso de ejecución de depuradoras por parte de la Administración autonómica con cargo a los fondos europeos. Asimismo, sostiene que “se trata unas infraestructuras esenciales para garantizar la calidad del medio ambiente y cumplir con los inalienables objetivos de la Agenda 2030", como es obligación.
"Sin embargo, la falta de planificación adecuada y el desmantelamiento de la administración pública por parte de la Junta de Castilla y León sitúa toda esta tramitación y ejecución en una flagrante inseguridad jurídica que puede ocasionar graves consecuencias legales, económicas y medioambientales”, ha concluido Rodríguez.





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