El fallo, contra el que cabe un recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, llega después del recurso de apelación presentado por el acusado contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ávila en noviembre de 2022. Después de que se celebrara la vista oral el 23 de noviembre del mismo año y en el que la Fiscalía pedía hasta 15 años de prisión. 

En este sentido, el recurso de apelación fue admitido, alegando la defensa del acusado “motivos de impugnación vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, así como infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos y determinación de la pena”. 

Sin embargo, el TSJCyL, tras analizar las actuaciones del recurso, no ha apreciado en la sentencia “ninguna vulneración de la presunción de inocencia, ni del principio ‘in dubio pro reo’, ni tampoco base alguna para considerar la existencia de error en la valoración de la prueba, que motiva además de una forma suficiente y totalmente acertada las pruebas practicadas”.

Hechos

De esta forma, el Tribunal “llega a la firme convicción” de que los hechos sucedieron tal como figuran en la sentencia recurrida. Es decir, que el acusado, accedió en 2017, hasta en tres ocasiones distintas, a la habitación donde dormía la niña de 10 años, nieta de la esposa del acusado. 

El acusado, la abuela, la niña y otras personas acudieron a la vivienda de la familia del acusado, situada en el municipio de Higuera de las Dueñas, con motivo de las fiestas de Semana Santa. 

En las tres ocasiones, el acusado se acercó a la cama donde dormía la víctima “e introdujo su mano por debajo de la ropa de ésta, tocándole con uno de sus dedos la vagina, sin llegar a introducirlo en ella”.

Condena

Así, el TSJCyL “confirma íntegramente”, con imposición de las costas del recurso -incluidas las de la acusación particular-, la sentencia que condena al acusado a seis años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a una menor de dieciséis años. 

También la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años y  a diez años de libertad vigilada una vez salga de la cárcel. Además de una indemnización económica para la víctima de 10.000 euros.