Después de la Operación Barronco, que en marzo liberó a cinco víctimas de la trata de seres humanos en dos fincas forestales de Ávila, la Guardia Civil ha desarrollado una segunda fase de la operación para detectar posibles ilegalidades en el sector forestal, y verificar que pudieran estar alargando la campaña de aprovechamientos de encinas después de finalizada, y contratando a trabajadores en situación irregular.

Las investigaciones se centraron en una dehesa ubicada en Balbarda-La Torre, donde se supo que se habrían talado encinas de forma irregular.

Tras la correspondiente inspección ocular de la dehesa se pudo comprobar que se habían cortado encinas incumpliendo las condiciones de autorización, por lo que se formuló la correspondiente denuncia administrativa.

Sonidos de motosierras

Al continuar con labores de vigilancia de la zona se pudo descubrir la poda de más encinas, y que algunas ramas cortadas tenían diámetros por encima de los permitidos. Al escuchar el ruido que ocasionaban las motosierras, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de la poda, donde se observó a siete obreros efectuando labores de troceo de ramas derribadas.

También se vio que los trabajadores poseían un equipamiento muy deficiente. Al ser identificadas se pudo comprobar que, de los siete obreros, uno era de nacionalidad española y no poseía ni contrato de trabajo ni estaba dado de alta en la Seguridad Social, mientras que los otros seis eran de nacionalidad colombiana y también carecían de contrato de trabajo, afiliación a la Seguridad Social, así como permiso de residencia y trabajo.

El siguiente paso de las investigaciones, se centró en el empleador, quien, para obtener un mayor beneficio económico, mediante engaño captaba a personas extranjeras en situación de necesidad para subsistir para que trabajaran podando y cortando encinas, habiendo finalizado la campaña de aprovechamientos.

Como no podían acceder a un puesto de trabajo de forma legal, el empleador se aprovechaba de esas situaciones de vulnerabilidad porque era consciente de que no se iban a negar a trabajar sin contrato y sin ser dadas de alta en la seguridad social.

A disposición judicial

Fue el día 11 cuando el empleador fue puesto a disposición judicial en calidad de investigado como presunto autor de tres delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral-forestal.

A los obreros no se les facilitaban los elementos adecuados de seguridad para efectuar esos trabajos de corta forestal, como tampoco estaban en posesión de medios de extinción necesarios en prevención de incendios forestales al utilizar motosierras, que son una herramienta de uso prohibido en el monte al ser una época de riesgo medio de producirse incendios forestales, teniendo en cuenta además, que el periodo de autorización de la campaña de aprovechamientos de encinas había finalizado precisamente por ello.

La operación ha sido desarrollada por el EPRONA (Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila con la colaboración de la Junta de Castilla y León de Ávila.