Además, se investiga a tres personas como supuestas autoras de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos e integración a grupo criminal.

La operación Barronco ha sido dada a conocer por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, junto al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Gustavo Dorda; el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Juan José Vallejo, y el sargento jefe accidental del Seprona, Pedro Hernández.

Según la información facilitada, los cabecillas se lucraron de forma ilícita del trabajo de sus víctimas, temporeros de campañas de concesión de autorizaciones para limpieza, poda y corta de encinas, que trabajaban sin contrato laboral y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Sus jornadas laborales, por las que percibían en mano unos 40 euros diarios, se prolongaban desde las 7 horas de la hasta el anochecer.

Posteriormente eran trasladados hasta una casa alquilada por la empresa principal, situada en Maello, en la que "no tenían las condiciones de higiene y salubridad" necesarias, según el responsable de la Policía Judicial, que también ha llamado la atención sobre el "miedo" de las víctimas tenían a la hora de responder a las preguntas de los agentes, ante el temor a posibles represalias de la "organización" que los captaba.

Tras su liberación, esta cinco personas de nacionalidad peruana han sido derivadas a diferentes ONGs para ayudarles a regularizar su situación en España.

Inicio de la operación

Todo comenzó a principios de octubre del año pasado, cuando la Guardia Civil intensificó sus servicios para comprobar la legalidad de aprovechamientos madereros y el control del personal empleado para trabajar en ese tipo de aprovechamientos.

El 14 de noviembre, en uno de esos servicios, los agentes realizaron una inspección preventiva con el objetivo de comprobar la posible existencia de víctimas de explotación laboral en una finca de Ávila, en la que fueron identificadas ocho personas que limpiaban, cortaban y podaban encinas sin contrato laboral, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y sin autorización para trabajar en España. Siete de ellas eran de nacionalidad peruana y no poseían contrato laboral; la octava era dominicana y sí estaba dada de alta, contando con contrato laboral. Cinco de esos trabajadores se encontraban en situación irregular en el territorio nacional.

Un día después, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila observó que estaban trabajando nuevamente tres personas identificadas el día anterior, sin que las empresas encargadas de llevar a cabo esos trabajos hubieran comunicado el alta del régimen de la Seguridad Social de sus empleados, careciendo todos ellos de contrato laboral, y algunos de permiso legal para poder trabajar en España.

Analizados los hechos verificados y, habiendo observado posibles ilícitos penales graves, se inició la Operación Barronco para verificar si las tres empresas implicadas habrían abusado de su situación de superioridad o habrían dado trabajo a esas personas utilizando para ello el engaño.

Después de tres meses de investigaciones, el 8 de febrero se detectaron nuevas irregularidades en otra finca de Ávila, donde tras otra inspección preventiva, se observó como otras siete personas cortaban y podaban encinas, seis de las cuales ya fueron identificadas en inspección anterior.

Por ello, el 8 de marzo fueron puestos a disposición judicial, en calidad de investigadas, un total de tres personas: el dueño de dos de las empresas implicadas; el propietario de una tercera empresa subcontratada y que a su vez es el gestor de las tres empresas investigadas, y un tercero subcontratado como autónomo y responsable de los trabajadores identificados el 8 de febrero.