A las investigaciones que ya se habían llevado a cabo, el juez ha sumado nuevas diligencias de investigación propuestas por las partes.

El jefe de la sección de Inspección y Valoración Tributaria del Servicio Territorial de Hacienda en Ávila fue denunciado en noviembre por un presunto delito de cohecho. El funcionario fue llamado a declarar ante el juez hace unos días, al que fue citado también el denunciante. Sin embargo no hubo lugar a las declaraciones puesto que el magistrado decidió que antes deben llevarse a cabo nuevas investigaciones propuestas por las partes, que se añadirán a las anteriores.

Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular, así como la Junta de Castilla y León, que se ha personado en el caso, solicitaron al juez la imputación del funcionario, mientras la defensa pidió el sobreseimiento de su cliente.

El magistrado rechazó el sobreseimiento y decidió que continúen las diligencias por la Ley del Jurado.

Bajar las valoraciones

El funcionario ha sido denunciado por un contribuyente que acudió al Servicio Territorial de Hacienda en Ávila a efectuar los trámites de una herencia millonaria de su madre, que había recibido un legado económico de una hermana. Se encontró, según la denuncia, con que el responsable del departamento le ofreció a llevar a cabo los trámites bajando las valoraciones de los bienes.

De este modo, si el contribuyente debía de abonar a la Junta 244.000 euros, le habría propuesto rebajar la cantidad a 150.000 euros a cambio de pagarle a él 50.000 euros en concepto de mordida.

El denunciante acompañó la denuncia de grabaciones en vídeo y correos electrónicos como pruebas de las intenciones del funcionario.

Lo que se desconoce es si el funcionario sigue trabajando en su puesto de jefe de la sección de Inspección y Valoración Tributaria del Servicio Territorial de Hacienda. Preguntado hace unos días por este asunto, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, afirmó que no podía hablar del asunto: “es un asunto en el que se enjuicia el proceder de un empleado público de la Junta de Castilla y León y el delegado territorial, en este caso, ni ningún representante de la Junta de Castilla y León, puede ni debe pronunciarse al estar sub judice [pendiente de resolución judicial]” afirmó.

“Están tramitándose unas diligencias judiciales y, por lo tanto, nos remitimos a las mismas sin que, repito, yo no pueda ni deba decir nada al respecto”, dijo. “yo no puedo emitir ninguna opinión ni ninguna información” y se remitió a las “instancias judiciales porque el asunto está sub judice”.