El concejal Miguel Ángel Abad ha mostrado la “preocupación creciente por la nefasta gestión de los recursos humanos que este equipo de Gobierno viene realizando durante toda la legislatura”. “Y es que en estos momentos está afectando de manera grave a la marcha de los servicios municipales”, ha asegurado, porque esta situación “nos empieza a costar dinero a todos los abulenses”.

De este modo, la Administración de Justicia es la que dirige la política laboral de Consistorio mediante “un artículo 155”, ha dicho Abad, queriendo comparar la situación con lo sucedido con Cataluña.

Tras una sentencia en la que a una empleada municipal se la reconoce que hacía funciones superiores a su categoría, el concejal ha señalado que la situación se debe a la falta de negociación, lo que ha achacado al teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño. “Convocar órganos no es dialogar ni debatir, porque lo hay que hacer es llegar a un acuerdo”, ha respondido, después de que Budiño presumiera de haber celebrado numerosas reuniones de las mesas de negociación.

Aluvión

Abad ha señalado que la RPT, elaborada durante el anterior mandato y que el PP no quiso aprobar entonces, y que el actual equipo de Gobierno desechó por su alto coste, ha servido a la magistrada de la reciente sentencia para dictar un fallo. Y ha vaticinado que todos los empleados municipales presentarán "un aluvión" de recursos en el mismo sentado.

El edil del PP ha acusado a Por Ávila de haber utilizado la valoración solo para 16 trabajadores del Consistorio, la mitad de ellos del grupo A1, el más elevado en la Administración. “Solo a 16, el resto debe esperar”, ha lamentado, por eso “no se acierta a comprender por qué a unos sí y a otros no”, puesto que “lo que ha servido para 16 tiene que servir para el resto”.

Abad entiende que ahora todos los empleados empezarán a recurrir para que la Justicia les de la razón, si bien cree que el Ayuntamiento va a recurrir para “dilatar” las resoluciones que “las arcas municipales no se pueden permitir”, por eso considera que la solución es que el equipo de Gobierno se siente con los sindicatos para aplicar la RPT. “Las centrales sindicales le han ofrecido una temporalidad porque entienden” que económicamente no es posible, pero que “se puede asumir en cuatro o cinco años”.