El paro, de carácter indefinido, comenzó el martes de la semana pasada, ante la falta de atención por parte del Gobierno a los acuerdos con las asociaciones profesionales que agrupan a los letrados. En Ávila son 15, pero ocho de ellos trabajan dentro de los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Justicia.

Además de los 31 juicios que no han podido celebrarse, en cuatro días se han tenido que suspender 29 declaraciones penales de investigados y perjudicados. 

También se ha paralizado un desahucio de 140 fincas, no se han realizado 20 apoderamientos electrónicos, como tampoco se ha formalizado el pago de 115 indemnizaciones, multas y pagos de pensiones de alimentos en favor de los beneficiarios.

Además, no se han incoado 100 demandas civiles ni  90 diligencias previas penales, según los datos de los letrados en huelga que, como forma de protesta, han colgado sus togas en las ventanas del edificio de los juzgados, en la calle Vallespín.