Este fallo, contra el que cabe un nuevo recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tiene lugar ocho meses después del juicio celebrado el 25 de mayo de 2022 en la Audiencia Provincial de Ávila, fue recurrido en apelación, alegando "error en la valoración de la prueba y vulneración de los principios de presunción de inocencia e 'in dubio pro reo'".

Asimismo, la defensa alegó "infracción del artículo 24 de la Constitución, infracción del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y arbitrariedad de la sentencia recurrida", por lo que solicitaba la revocación del fallo recurrido, absolviendo al condenado "con todos los pronunciamientos favorables, de los delitos imputados".

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha ratificado "íntegramente" al fallo de la Audiencia Provincia abulense, ya que no aprecia en el fallo recurrido "ninguna vulneración de la presunción de inocencia, ni del principio 'in dubio pro reo'". Tampoco considera que haya "base alguna para considerar la existencia de error en la valoración de la prueba por parte del tribunal sentenciador, que motiva además de una forma suficiente y totalmente acertada las pruebas practicadas".

Por ello, al alto tribunal ha ratificado la sentencia en su totalidad, tras rechazar el recurso de apelación, imponiendo las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Condena

En junio de 2022 la Audiencia Provincial de Ávila condenó al joven de 24 años (de 21 cuando se produjeron los hechos) a cinco años y un día de cárcel como autor de un delito de abuso sexual cometido contra una joven de 22 años -entonces 19- a la que penetró analmente sin su consentimiento en agosto de 2019 en Navaluenga.

La sentencia también prohíbe al condenado aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros y comunicar con ella por cualquier medio durante diez años, a la vez que le impone la medida de libertad vigilada durante seis años, con posterioridad a la ejecución de la pena de cárcel.

Además, el juez condena al joven, como autor responsable de un delito leve de lesiones, a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, lo que supone un total de 360. Además, deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil y los intereses procesales, así como al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

Durante el juicio, el fiscal solicitó nueve años de prisión, la acusación particular elevó la petición de cárcel a 12 años y la defensa solicitó la libre absolución de su defendido, por unos hechos que se produjeron el 11 de agosto de 2019 en un chalé de Navaluenga.