Por ello, estos seis ediles han registrado en el Consistorio tembleño una petición para que se declaren nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario celebrado el 22 de diciembre, en el que se aprobó el presupuesto municipal para 2023, debido a “errores graves en la tramitación de la documentación definitiva del mismo”.

Se da la circunstancia, que el único edil de Ciudadanos y vicepresidente de la Diputación, Pedro Cabrero, se ha sumado a esta iniciativa, pese a respaldar al PP y formar parte del Gobierno municipal tras la moción de censura de 2020. Cabrero es segundo teniente de alcalde.
 

Esta medida ha sido adoptada después de que la documentación asignada al expediente de presupuestos, que fue debatida previamente en la comisión informativa correspondiente para su dictamen, “fuese modificada sin previo aviso y fuera de plazo después de la convocatoria del pleno”.

Los ediles recuerdan que deben tener acceso a la información definitiva que se debatirá en el pleno desde el mismo día de la convocatoria, en este caso el 19 de diciembre; sin embargo, denuncian que “figuran en el expediente informes fechados los días 20, 21 y 22 de diciembre, vulnerando claramente la normativa al respecto”.
 

Los seis concejales han recordado que tanto el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales como en la Ley de Bases de Régimen Local determinan de forma explícita que “toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día (del pleno) que debe servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá a estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría”. 

En el pleno

Esta circunstancia fue advertida por la oposición a la alcaldesa del PP, Henar González, durante el debate del pleno de presupuestos, “sin que fuera tenida en cuenta”.

Por ello, el 27 de diciembre los concejales de Por Ávila, PSOE, Cs y la concejala no adscrita realizaron una reclamación ante la alcaldía y la secretaria-interventora solicitando la nulidad del Pleno, con base en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que “son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 

Al no obtener respuesta a este requerimiento, el 10 de enero se registró, dentro del plazo de exposición pública del presupuesto, una reclamación solicitando una nueva convocatoria del pleno en la que se incorpore al expediente de los presupuestos “un informe jurídico que garantice el cumplimiento de la legislación vigente en el proceso de tramitación de la propuesta de aprobación” de los mismos.
 

Asimismo, se demanda la convocatoria “en tiempo y forma” de una sesión extraordinaria que aborde de nuevo los Presupuestos como único punto del orden del día, que cumpla escrupulosamente con la normativa.