Tras la celebración de la segunda sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ávila, en la que ha tenido el viernes la parte pericial, el Ministerio Fiscal ha solicitado un año y seis meses de prisión para el hijo y tres para el regidor.

“En ningún momento he tenido intención de hacer una vivienda”, apuntaba el hijo del exalcalde de Hoyocasero acusado, junto a su padre, de un delito contra la ordenación del territorio. Además, consideraba que la denuncia era fruto del “poco aprecio” del exconcejal del Ayuntamiento del municipio Félix Jiménez “más que de intereses particulares”.

Por su parte, Picós, alcalde del PSOE entre 2015 y 2019 del municipio, ha manifestado al final de la vista oral, que lo que él había hecho tenía el “visto bueno del arquitecto y la secretaria” y consideraba que todo “estaba bien”. Precisamente, el arquitecto municipal ha sido uno de los testigos de la segunda sesión del juicio, mientras que la secretaría ya compareció en la primera sesión.

El arquitecto municipal ha explicado que, tras la denuncia que llegó al Ayuntamiento sobre ciertas irregularidades en la construcción que estaba realizando el hijo del alcalde, en ese momento no hizo ningún informe porque no fue a visitar la edificación: “no sé mandó inspeccionar”.  Sin embargo, en diciembre de 2018 tuvo la oportunidad de entrar en la construcción y comprobar las presuntas irregularidades de la infraestructura, después de la inspección ocular de los agentes de la Guardia Civil.

Por aquel entonces, las obras “no estaban finalizadas” y reconoce que podrían pertenecer a una vivienda, aunque el problema estaba en el uso, no en la propia construcción: “que alguien pueda vivir dentro no significa que sea una edificación residencial. Hay ayuntamientos que tienen una normativa específica para la construcción de casas de apero, pero este no es el caso de Hoyocasero”, ha explicado.

Infracción administrativa

La acusación popular y la fiscalía consideran que el hijo del exalcalde “se amparó en la licencia de una caseta de aperos, que era una construcción simple y sencilla para elaborar una vivienda”.

La licencia permitía la ampliación de una caseta ya existente, sin embargo, esta estructura se cayó y el acusado procedió a levantar otra edificación cumpliendo con las dimensiones que señalaba la licencia de ampliación (12x10 metros de planta y un porche). Sin embargo, esta nueva construcción, en lugar de ubicarse en el mismo sitio en el que se encontraba la antigua caseta, se posiciona “en el centro” con la intención, según la fiscalía, de colocarla “en una zona más noble y no en una esquina” al tratarse de “una casa”.

Unos hechos que son considerados, tanto por el arquitecto municipal como por el Ministerio Fiscal, como una “simple inflación administrativa”, aunque en el caso de la letrada ocultaba la intención de construir una vivienda, lo cual no estaba permitido al tratarse de suelo rústico.

La construcción de una caseta de aperos tenía la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ayuntamiento de Hoyocasero en unas determinadas coordenadas, que no pudieron confirmar que fueran las que en la actualidad ocupa dicha edificación.

¿Caseta, vivienda o nave?

Durante el juicio también se ha hablado de la posibilidad de que la edificación correspondiera a una nave ganadera y que por ello el acusado habría solicitado “el alta en el censo de ganaderos” con la intención de no derribar la construcción. Un hecho que la defensa de ambos procesados ha desmentido.

Las defensas han asegurado que la obra “excedía” la licencia con la instalación de grifos u otros elementos, pero que estos fueron retirados para su posterior legalización, que tuvo lugar en 2020 y en la que solo se modificó el 3,3% de la edificación principal.

Para los letrados de Alejandro Picós y su hijo, las valoraciones de la Guardia Civil son “subjetivas” y no comprobaron si contaba “con evacuación de aguas”, entre otras cosas. Igualmente, entienden que el exalcalde no tuvo constancia de ninguna irregularidad durante la obra hasta el momento de la denuncia anónima.

Implicación del exalcalde

En un primer momento, la fiscalía solo pedía penas para el hijo del exalcalde del municipio. Sin embargo, tras la celebración del juicio se adhirió a lo solicitado por la acusación popular por considerar que actuaba “cubriendo la ilegalidad de su hijo, cumpliendo un delito de prevaricación”. “El Ayuntamiento tenía la obligación de comprobar si lo que estaba haciendo era una caseta de aperos y también de proceder a la paralización de las obras si se trataba de una vivienda”, ha apuntado.

Según el escrito de la acusación popular, el exalcalde fue el encargado de rellenar y presentar la licencia de obra menor solicitada para la ampliación de la caseta en el Ayuntamiento de Hoyocasero, donde era alcalde. Además, acompañó la documentación con un presupuesto de la empresa de construcción de la que era propietario junto a su hijo. Este último hecho fue desmentido por el propio Picós durante la primera sesión de la vista oral y aseguraba que ya estaba jubilado, aunque sí que presentó dicha documentación.

Solicitud de penas

El Ministerio Fiscal ha solicitado año y medio de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena; 18 meses de multa con una cuota diaria de diez euros y la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionados con la promoción y construcción de inmuebles durante dos años y medio. Mientras que para el exregidor pide tres años de prisión, multa de seis euros al día en 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 12 años.

Por su parte, la acusación popular ha solicitado un año y medio de prisión para el hijo del exalcalde y 24 meses de multa por 200 euros al día, así como la inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor constructor por cuatro años.