Y ello, tras haber interpuesto un recurso contencioso-administrativo para "evitar que la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional cerrase el paso a miles de policías que deseaban cursar estudios en el Centro Universitario".

Tras denunciar el "retraso sufrido durante siete" en la puesta en marcha de la Universidad Policial por parte de la Dirección General de la Policía y "habiéndose saltado la Ley, para imponer nuevas condiciones de admisión al Centro, cercenando la carrera policial de miles de agentes", el SUP ha llevado a los tribunales esta situación, planteando "medidas cautelares que permitan el ingreso de todos los excluidos en tanto no se soluciona el problema".

Desde su punto de vista, se trata de una decisión "injusta, tomada de forma unilateral por la División de Formación y Perfeccionamiento, haciendo caso omiso a las numerosas alegaciones presentadas por esta organización sindical" y con "un desprecio absoluto" al trabajo realizado en favor de los policías.

Saltarse la ley

"La DGP no puede limitar las plazas a 400 alumnos, cuando son miles los que esperan desde hace años el derecho a formarse. No puede saltarse a la torera la ley y recomendaciones del Ministerio de Universidades, aplicando unos criterios diferentes para el acceso", ha argumentado el SUP ante el acto celebrado con la presencia del monarca.

En este sentido, defiende que "los policías tienen los mismos derechos que el resto de españoles en materia formativa, y por tanto es de justicia que puedan cursar un grado universitario, si cumplen los mismos requisitos que el resto de ciudadanos".

"La DGP debería permitir el acceso a los estudios de grado ofertados por el Centro Universitario de todos los policías que tengan el título de bachillerato, hayan superado los complementos formativos, acceso para mayores de 25 años, sean técnicos superiores o posean alguna titulación equivalente según el Ministerio de Universidades", ha sostenido esta organización sindical que pide "eximir de la compulsa del título a todos los que cuenten con el código CSV de la Administración española", ya que ese código es "la herramienta que la Administración estableció para realizar una verificación con garantías".