De esta manera, en el procedimiento que continúa abierto a la espera de un informe de la Subdirección General de Minas, el fiscal Óscar Barrios será quien ejerza la acusación pública. Después, decidirá si presenta el correspondiente escrito de acusación o bien se sobresee la causa.

La familia de Joana Sáiz, que tenía 30 años, ha llegado a un acuerdo económico con las defensas: la aseguradora de la orquesta, el técnico del servicio de prevención de riesgos laborales y la empresa importadora de las bengalas, procedentes de China.

Tras la decisión adoptada por la familia, la fiscalía no podrá exigir responsabilidades civiles, en caso de juicio, al haberse "apartado la parte perjudicada", según Barrios, que a la espera del informe pendiente señala que la causa "sigue adelante".

Según explicó en su momento el fiscal, la carga explosiva de la bengala era supuestamente mayor a la que figuraba en la etiquetada por la empresa que la importó de China, en un suceso que ocurrió el 1 de septiembre de 2019.