Las dos mociones presentadas al pleno de julio de la Diputación Provincial, una por parte del grupo de Pedro Muñoz y otro por parte del PP, han abordado la propuesta del mapa inter autonómico de rutas de autobús elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dicha propuesta recortaría el servicio de transporte a 86 municipios de la provincia de Ávila. Un hecho, que, según García Salcedo, diputada del Partido Socialista que actuaba como portavoz de la formación después de que Pedro Muñoz pasara a formar parte del grupo no adscrito, sería “falso”.

Y es que, según la diputada del PSOE, las mociones se habrían presentado de una manera “precipitada”, ya que se sustentan en un “borrador provisional” del Gobierno de España. La Diputación Provincial estaría actuando “al margen de la lealtad entre instituciones y sus miembros”.

“Por activa y por pasiva, desde el propio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se van a mantener todos los servicios y paradas de transporte de viajeros”, apunta García Salcedo, que calificaba como un “bulo” el anuncio de la suspensión de dichos servicios con la intención de “alarmar y crear confusión entre los ciudadanos”.

Para la diputada socialista se trataba de “un documento de trabajo para conceder a la revisión el mapa provincial que había caducado y no garantizaba la movilidad de la mayoría de los ciudadanos” y “la eliminación de las paradas de autobús es falso”.

El trabajo del Gobierno de España sería “garantizar el transporte con una red eficaz y equilibrada” con un “servicio que llegue a más personas, con mejores precios y con tiempos de viaje más competitivos”, y así “contribuir a mejorar las prestaciones de nuestro medio rural” con una red de transporte “más atractiva” para los ciudadanos que “el coche privado”.

Respuesta inmediata

Sin embargo, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, reprochó a la diputada socialista que la “Secretaria de Estado se había explicado bastante mal” para tratarse de una solución al transporte por carretera y que “no había tenido en cuenta a las diputaciones provinciales”.

Con la premisa de que “la movilidad es un derecho social” que “ayuda a luchar contra la despoblación” y “facilita el derecho al trabajo”, las dos mociones presentadas eran aprobadas con la abstención del no adscrito Alberto Encinar y la votación en contra de los dos socialistas. Sin embargo, la votación ha quedado sin validez tras la anulación del pleno, ya que los problemas técnicos no han podido registrar la sección y, por lo tanto, deberán repetirlo el miércoles a las 9 horas.